La Fiscalía Anticorrupción de Las Palmas investiga al Servicio Canario de la Salud (SCS) por presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos al pagar cuatro millones de euros a una empresa de compraventa de vehículos, RR7 United SL, para el suministro de unas mascarillas que nunca recibió, al inicio de la pandemia de COVID-19. Y son ganas de investigar porque la propia Consejería de Sanidad ya que en el portal de transparencia se expone que la directora de Recursos Económicos emitió la resolución para resolver el contrato adjudicado con la citada empresa el 13 de mayo de 2021, al no haber recibido las mascarillas por las que había abonado cuatro millones de euros y exigió el reitengro de los fondos, lo que se notificó a la empresa el 31 de mayo de ese año.




























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