El PP rechaza la medida de Educación para limitar a cuatro años la permanencia de los alumnos en los Centros de Educación para Personas Adultas

El Partido Popular de Gran Canaria presentará a través de sus representantes en las diferentes corporaciones locales de la isla una moción solicitando la eliminación de la limitación temporal en los Centros de Educación para Personas Adultas de Canarias (CEPA), con el objetivo de garantizar “una educación que ponga en valor y respete la formación permanente a lo largo de la vida, atendiendo a las necesidades de la población canaria, sin fecha de caducidad”.
 
Así lo ha anunciado el presidente del Partido Popular de Gran Canaria y diputado autonómico, Poli Suárez, ante la situación generada tras la publicación en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) de una orden en la que se limita al alumnado de la Formación Básica Inicial (FBI) a permanecer matriculado en esta enseñanza un máximo de 4 años.  
 
Suárez denuncia que esta modificación normativa se realiza “sin contar con los centros educativos ni sus representantes que, en principio, conocen de manera más directa la realidad de su ámbito educativo de actuación, así como las necesidades reales de los demandantes de formación de cada una de las zonas representadas y atendidas educativamente por los diferentes CEPA. También es inadmisible que la Consejería de Educación haya ignorado las recomendaciones del Consejo Escolar de Canarias al respecto”, señaló.
 
El presidente del PP grancanario considera que la Formación Básica Inicial en las Islas acoge actualmente numerosas matrículas de personas mayores a quienes la ley ampara su derecho a recibir una formación permanente, acorde a sus necesidades, alumnado con necesidades educativas especiales que encuentran en esta modalidad una respuesta a sus demandas de socialización y aprendizaje”.
 
 “También –continuó Suárez- alumnado derivado de los servicios sociales municipales, en algunos casos en riesgo de exclusión social, alumnado extranjero con dificultades de integración a causa del idioma, y, finalmente, alumnado en otras situaciones a los que desde la Educación de Personas Adultas se les acompaña en su proceso formativo, diseñando una enseñanza de calidad adaptada a toda esta diversidad, dentro del sistema educativo público”.
 
“Este cambio anunciado por la Consejería de Educación afectaría a los 4.500 alumnos actualmente matriculados en Canarias; y según indican los directores de los centros, podría influir sobre el 80 por ciento del alumnado durante los próximos 4 años, y sobre el cien por cien en un plazo más amplio de tiempo, lo que provocaría prácticamente la desaparición de estas enseñanzas”, aseguró Poli Suárez.
 
 ¿Cómo es posible negar la matrícula en un centro público de enseñanza voluntaria a personas a las que le asiste el Derecho a la Educación, tal como dicta la Constitución y las leyes vigentes en Europa, Canarias y en el resto de España?, preguntó el líder del PP de Gran Canaria.
 
En este sentido, el también diputado autonómico aseguró que esta modificación “discrimina” a las personas más vulnerables de la sociedad. “Muchos de estos mayores no tuvieron la oportunidad de acceder a la educación y son los CEPA los que les están facilitando el aprendizaje de competencias funcionales para la vida, competencias adaptadas a sus necesidades, como la capacidad de desenvolverse en un mundo cada vez más avanzado y digitalizado”.
 
“Desde el Partido Popular de Gran Canaria seguiremos apostando firmemente por continuar en el camino de fomentar el conocimiento a todos los ciudadanos que lo deseen”, concluyó Poli Suárez.