Pagamos todos

La condena a dos funcionarios del Instituto Canario de Vivienda (ICV) que perpetraron una estafa con certificados falsos para liberar pisos de protección oficial ha acabado salpicando al Gobierno regional. Una reciente sentencia del Tribunal Supremo ha concluido que la administración autonómica es responsable civil subsidiaria de los delitos cometidos por esos trabajadores. Es decir que el Gobierno debe pagar en caso de que los autores de los hechos no puedan resarcir a los afectados con sus propios recursos. Pero la realidad es que no paga el Gobierno, pagamos todos.