La Junta de Personal Docente de la Enseñanza Pública no Universitaria de la provincia de Las Palmas valoró el curso escolar 2020/21

El Pleno de la Junta de Personal Docente No Universitario de la Provincia de Las Palmas, en sesión ordinaria celebrada el lunes, día 28 de junio de 2021, acordó para su envío a la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias y a los medios de comunicación, la siguiente

RESOLUCIÓN

Una vez analizadas las circunstancias que han rodeado el desarrollo del curso 2020/21, la Junta de Personal Docente de la Enseñanza Pública No Universitaria de la Provincia de Las Palmas hace la siguiente valoración:

El arranque del presente curso venía lastrado por la anómala finalización del anterior que debido a la situación generada por la pandemia nos impuso el reto de tener que impartir unas clases a distancia con los centros educativos cerrados. Este hecho provocó que el presente curso se tuvieran que adoptar medidas específicas y desarrollar adaptaciones curriculares que permitieran recuperar los contenidos no trabajados a lo largo de parte del segundo trimestre y todo el tercer trimestre del pasado curso. Como consecuencia de ello el profesorado de todas las etapas educativas tuvo que proceder a la revisión y adaptación de las correspondientes programaciones didácticas, así como organizar los espacios educativos para garantizar la máxima seguridad sanitaria en medio de la incertidumbre y las dudas que nos han acompañado durante la pandemia.

Además, la situación sanitaria supuso un reto importante a hora de volver a las aulas. Toda la comunidad educativa se enfrentaba a un enemigo desconocido y muy peligroso, pero eran el alumnado y el profesorado los que de una manera más severa sufrían el temor a verse en una situación de riesgo nueva para ellos, un grupo de personas que por primera vez volvían a convivir en un espacio cerrado desde el comienzo de la pandemia. Al temor a lo desconocido, se sumaba el ingente esfuerzo organizativo que tanto docentes como equipos directivos debían llevar a cabo para poner a punto unos centros que, de la noche a la mañana deberían convertirse en aulas presenciales, semipresenciales o a distancia según se necesitara en función del desarrollo de los acontecimientos. Además, muchos centros tuvieron que partir su jornada por primera vez y, en otros, la jornada partida afectó a muchos más docentes de lo habitual, lo que vino a complicar mucho la organización de los centros y la labor del propio profesorado. Otra de las consecuencias de la pandemia ha sido la puesta en marcha de la atención domiciliaria o a distancia al alumnado que por motivos sanitarios, o por vulnerabilidad de alguien de su entorno familiar, no ha podido acudir al centro, haciendo que muchos docentes tuvieran que doblar sus jornadas lectivas con el consiguiente agotamiento físico y mental que ello conlleva.

A todo lo anterior hay que añadir un marco normativo cambiante en función de la situación sanitaria con unas medidas de prevención frente a la Covid-19 que se iban implementando o reduciendo a medida que la situación lo requería y que, a menudo, resultaba complicado saber en qué situación nos encontrábamos y qué medidas concretas había que aplicar.

A pesar de las dificultades descritas, y aun entendiendo que el protocolo de medidas de prevención frente a la Covid-19 y la manera en que el mismo se aplicó es mejorable, hay que destacar que, a medida que el curso fue avanzando, la situación se fue normalizando y por fortuna, los contagios en el entorno educativo han sido prácticamente anecdóticos, hasta el punto de poder afirmar que la inmensa mayoría de los que se han producido provenían de otros entornos (familiares, sociales, deportivos, etc.) y que casi ninguno se ha debido a contagios dentro del propio centro educativo.

En este sentido, cabe destacar la importancia de las medidas de prevención contenidas en el protocolo anticovid ya citado y, por supuesto, la contratación extraordinaria de 2568 docentes para reducir las ratios y desarrollar medidas de refuerzo frente a la Covid. Este incremento de plantillas ha permitido, por una parte, desdoblar grupos bajando considerablemente las ratios y aumentando la distancia de seguridad y, por otra, atender mejor al alumnado que como consecuencia de la Covid se había quedado atrás a final del curso pasado. Los resultados de esta medida han sido muy positivos, no solo desde el punto de vista sanitario, sino también como recurso pedagógico. Por este motivo, esta Junta de Personal insta a la Consejería de Educación a convertir dicha plantilla en estructural para el próximo curso 2021/22, y a avanzar hacia un aumento más ambicioso de las plantillas para acabar con el actual déficit estructural que presenta nuestra comunidad lo que permitiría una reducción de las ratios alumnado/ profesorado y una mejora en la atención a la diversidad y al alumnado que presenta Necesidades Específicas de Atención Educativa (NEAE) en todas las etapas educativas. Más allá de una medida sanitaria, se trata de una necesidad pedagógica fundamental.

Por otra parte, esta Junta de Personal considera fundamental hacer un reconocimiento a la enorme labor profesional y humana desarrollada por el profesorado y los equipos directivos de los centros, así como por el resto del personal no docente. Sin la extraordinaria labor realizada por todos los profesionales de la enseñanza para poner en práctica las medidas de prevención del protocolo anticovid, y la colaboración del alumnado y las familias para hacer efectivo su cumplimiento, no habría sido posible finalizar el presente curso con una normalidad relativa dentro de lo atípico de la actual situación.

Aprovechamos también para pedir a la Dirección General de Personal que, si de verdad aprecia la labor de los profesionales docentes, lo reconozca a través de la normativa que regula la organización y funcionamiento de los centros, devolviéndole al profesorado todos aquellos derechos que en su día, y bajo el pretexto de la anterior crisis, le fueron unilateralmente arrebatados. Las actuales condiciones de trabajo en los centros educativos son, lamentablemente, mucho peores que hace unos años, y no tendría por qué ser así. De igual modo, debe mejorarse la normativa para desburocratizar todos los procedimientos pedagógicos de modo que el profesorado pueda realmente dedicar su tiempo a su tarea fundamental que es la educativa.

Respecto a la relación entre la Administración y las organizaciones sindicales, después de los últimos cambios en la Consejería y en la Dirección General de Personal, han mejorado considerablemente las formas, sobre todo si las comparamos con gobiernos anteriores. No obstante, todavía no podemos asegurar que más allá de las formas y del acuerdo de Listas de empleo, hayamos progresado en muchas más cosas. Aún así, cabe esperar que existan otros espacios para nuevos consensos en el futuro.

Respecto a la gestión, si bien es cierto que la mayoría de las deficiencias se deben a una situación heredada de la mala gestión anterior, el tiempo transcurre sin que algunas de ellas se terminen de solucionar. En este sentido cabe destacar los problemas técnicos que se producen en la plataforma de la sede electrónica cada vez que se pone en marcha algún procedimiento que moviliza a mucho profesorado. Otro de los ejemplo de un servicio que trata de funcionar pero no termina de coger ritmo es el de Prevención y Salud Laboral donde todavía no han sido incorporados todos los efectivos humanos necesarios para que el servicio pueda realizar adecuadamente su labor.

Respecto a las oposiciones, más allá de la oportunidad o no de su celebración en el momento elegido, se han producido muchos errores y posteriores correcciones, además algunas instrucciones sobre el ejercicio práctico se han publicado muy tarde y en determinadas especialidades seguía generando dudas al respecto.

Por último, para que el sistema educativo en general, y la Educación Pública en particular, pueda contar con los recursos necesarios para desarrollar su labor con calidad, es necesario que disponga de un presupuesto acorde a las necesidades que la Sociedad Canaria plantea y, en ese sentido, recordamos que el art. 72.1 de la Ley Canaria de Educación establece que para 2022 el presupuesto educativo debe situarse, como mínimo, en el 5% del PIB. Esperamos que, al menos en esto, no nos fallen.

MEJORAR EL PRESUPUESTO EDUCATIVO PARA INCREMENTAR LAS PLANTILLAS, BAJAR LAS RATIOS Y ATENDER LA DIVERSIDAD

El Pleno de la Junta de Personal Docente No Universitario de la Provincia de Las Palmas, en sesión ordinaria celebrada el lunes, día 28 de junio de 2021, acordó para su envío a la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias y a los medios de comunicación, la siguiente

RESOLUCIÓN

El presupuesto educativo no lo es todo pero ayuda bastante y, desde luego, es indispensable para contratar profesorado que nos permita bajara las actuales ratios alumnado/profesorado que sitúan a Canarias entre las comunidades con las cifras más altas del estado, de la Comunidad Europea y de los países de la OCEDE.

Evidentemente, con estas cifras, no es posible desarrollar unos programas educativos que garanticen una adecuada atención a la diversidad y mucho menos que se pueda atender como es debido a todo el alumnado que presenta necesidades específicas de atención educativa, comúnmente conocidas como NEAE, es decir, el alumnado más vulnerable del sistema educativo.

En definitiva, si no bajamos las ratios para poder dar la atención individualizada que nuestro alumnado demanda, estaremos contribuyendo a agrandar la brecha social. Esa que tanto se quiere combatir pero a la que nadie parece poner remedio. Dicho de otro modo, o apostamos por un incremento decidido de las plantillas docentes, o simplemente estamos contribuyendo a crear una educación segregadora, centrada en quienes pueden seguir el ritmo de los de delante y que se olvida de quienes más la necesitan.

Si algo hemos aprendido durante la pandemia es que solo con políticas sociales de apoyo a lo público (educación, sanidad, servicios sociales…) se puede garantizar que se llega a atender a toda la población en igualdad de condiciones. Por eso, ahora más que nunca, tenemos que reivindicar la Educación Pública. Pero no queremos una Educación Pública subsidiaria donde solo vayan aquellos que no puedan permitirse otras opciones, queremos una Educación Pública de la máxima calidad que atienda a cada alumna y alumno con el mismo respeto y con los mismos derechos, sin importar la fortuna de la familia, el lugar de procedencia o cualquier otra característica étnica, social, política o religiosa.

Una de las evidencias más significativas durante este curso ha sido la buena valoración que ha tenido la contratación extraordinaria de 2568 docentes para reducir las ratios y desarrollar medidas de refuerzo frente a la Covid. Este incremento de plantillas ha permitido, por una parte, desdoblar grupos bajando considerablemente las ratios y aumentando la distancia de seguridad y, por otra, atender mejor al alumnado que como consecuencia de la Covid se había quedado atrás a final del curso pasado. Los resultados de esta medida han sido muy positivos, no solo desde el punto de vista sanitario, sino también como recurso pedagógico. Por ende, desde esta Junta de Personal debemos instar a la Consejería de Educación para que, más allá de las posibles razones sanitarias que todavía pueda haber, convierta dicha plantilla en estructural para el próximo curso 2021/22, y avance hacia un aumento más ambicioso de las plantillas para acabar con el actual déficit estructural que presenta nuestra comunidad lo que permitiría una reducción de las ratios alumnado/profesorado y una mejora en la atención a la diversidad y al alumnado que presenta necesidades específicas de atención educativa (NEAE) en todas las etapas educativas. Consideramos que, más allá de una medida sanitaria, se trata de una necesidad pedagógica fundamental.

Como es lógico, para que ello sea posible, el sistema educativo en general, y la Educación Pública en particular, deben contar con un presupuesto acorde a las necesidades que la Sociedad Canaria plantea y, en ese sentido, recordamos que el art. 72.1 de la Ley Canaria de Educación establece que para 2022 el presupuesto educativo debe situarse, como mínimo, en el 5% del PIB.

Instamos también al Gobierno de Canarias a modificar el Plan Presupuestario de Canarias para 2022-2024, que prevé la congelación del presupuesto educativo para los próximos tres años. De mantenerse este plan, supondría un enorme desastre económico para el sistema educativo en su conjunto y para la Educación Pública en particular, además del flagrante incumplimiento de la Ley Canaria de Educación antes citada.

JUNTA DE PERSONAL DOCENTE NO UNIVERSITARIO DE LA PROVINCIA DE LAS PALMAS