27 000 firmas piden al Gobierno de Canarias que se pare Chira-Soria

La Plataforma Salva Chira-Soria entregarán 27.000 firmas en contra del Proyecto Chira-Soria al Gobierno de Canarias.

Las firmas en contra de la central hidroeléctrica que se pretende instalar en el Barranco de Arguineguín han sido recogidas en las plataformas digitales Movemos Europa (22.138) y Change.org (5.609) y se entregarán al Gobierno de Canarias al final de la manifestación contra el megaproyecto convocada por Salvar Chira-Soria para el próximo 22 de mayo en Las Palmas de Gran Canaria.

La marcha saldrá a las 11 de la mañana del parque de San Telmo, pasará por la Casa/Palacio y concluirá ante la Presidencia del Gobierno de Canarias.

Salvar Chira-Soria apunta de esta manera a José Antonio Valbuena, consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias, como responsable de “blanquear” el estudio de Impacto Ambiental del Proyecto a base de numerosas irregularidades.

Las acciones de la Consejería de Transición del Gobierno de Canarias, han ido encaminadas a lograr la máxima velocidad en la ejecución del proyecto Chira Soria, sin tener en cuenta aspectos legales fundamentales, obviando que el proyecto de central hidroeléctrica afecta a 5 espacios naturales de la Red Natura 2000 y que cuando se da esta circunstancia, no se puede ejecutar un proyecto con un simple estudio de impacto ambiental (EIA).

Se ha puesto en marcha un procedimiento de Impacto Ambiental que no se ajusta a derecho y, básicamente es un “cheque en blanco” a Red Eléctrica para destruir el Barranco de Arguineguín y expulsar a sus habitantes.

Afirma Salvar Chira-Soria: que se busca “acelerar” el proceso de aprobación del Proyecto de Red Eléctrica de España, mediante una simple Declaración de Impacto Ambiental (EIA), cuando por las afecciones del mismo a espacios de la Red Natura 2000, la Ley 21/2013, de Evaluación Ambiental y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional dejan claro que es necesario en estos casos una Evaluación Ambiental Estratégica (EAE).

Para la Plataforma el procedimiento seguido para autorizar el proyecto no es válido, pues el procedimiento de EAE es mucho más meticuloso y global, contemplando otras alternativas de ubicación, la idoneidad técnica y las afecciones indirectas del mismo.

Todo el proceso de autorización ambiental se ha caracterizado por el “obstruccionismo, ocultándose a la población general y a la Plataforma las afecciones ambientales y las tremendas afecciones a los habitantes del barranco, puestas en evidencia en un informe de Salud Pública” al que la Plataforma ha tenido acceso y ha estado en estos días repartiendo “casa por casa” a los vecinos afectados.

Según la plataforma, resulta “vergonzoso” que se haya prescindido de los técnicos de la Consejería de Transición Ecológica, externalizando la evaluación del EIA mediante la orden del pasado 12 de marzo de la Consejería de Transición Ecológica mediante la que se “encarga” a TRAGSATEC la evaluación del informe de Impacto Ambiental del Proyecto.

Otras irregularidades palpables son la falta de un documento de Alcance, obligatorio para dar cobertura legal a un proceso de Estudio Ambiental o el hecho de que el órgano sustantivo (Dirección General de Energía) y el órgano evaluador (Transición Ecológica) pertenezcan al mismo departamento del Gobierno de Canarias.

Resulta inaudito que el Estudio de Impacto Ambiental no se mencione a las presas en ningún momento cuando su cuestionada seguridad es la pieza clave la viabilidad del Proyecto, y corresponde a Red Eléctrica de España su adecuación tal como se estableció en el acuerdo de subrogación de la obra en el 2015.

Por último es un proyecto absolutamente ilegal con el derecho europeo de obligatorio cumplimiento. La concesión a Red Eléctrica es claramente incompatible con el Reglamento (UE) 2019/943 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 2019, relativo al mercado interior de la electricidad y la Directiva (UE) 2019/944 del Parlamento Europeo que establece en su artículo 36 que “Los gestores de redes de distribución no poseerán, desarrollarán, gestionarán o explotarán instalaciones de almacenamiento de energía”.

El proyecto Chira-Soria carece de cualquier justificación legal, técnica o científica y no responde a una necesaria planificación energética que lo justifica; se ha puesto “Las carretas por delante de los bueyes” en este caso. Cómo en otros los hechos consumados.