Ilegitimidad

No acababan de tomar posesión cuando, la maquinaria de las derechas, ponían toda su artillería dirigida hacia el gobierno que surgió de las última elecciones generales, las de noviembre de 2019. No dudo que los resultados les dejaran con la miel —o la hiel— en la boca. Quizá pensaban alcanzar el suficiente número de escaños para repetir las experiencias andaluza, madrileña y murciana. No pudo ser, y por tal motivo, tomaron la decisión de no dar tregua al nuevo gobierno. A continuación, para desgracia no solo del Gobierno salido de las urnas sino del resto de la población, llegó la COVID-19. Ese motivo, que no les iba a exigir demasiados esfuerzos, les llegó como caído del cielo. En cualquier caso, su argumentario tradicional no lo iban a desechar. Una buena combinación de este con la llegada de improviso de la pandemia.

Se supone, salvo que alguien haya cambiado las reglas del juego, que la legitimidad y la legalidad la dan las urnas. Entiéndase por ello, tal y como refleja la norma reguladora, que otorga representación a los partidos políticos. La confianza de la cámara —no estoy descubriendo cosa nueva— se considera otorgada si existe mayoría absoluta, en la primera votación, o la simple en segunda. De una u otra manera, nadie debe dudarlo, se logra la investidura y, con ella, el derecho de gobernar mientras quienes otorgaron la confianza lo permitan. Ninguna norma establece, no debe ser así, cómo se logran esos votos afirmativos, e incluso, a qué abstenciones se habrá de recurrir. Así debe ser, lo ha sido (aún resuenan las palabras del catalán en la intimidad) y lo será en el futuro, salvo que se cambien las reglas. Otra cosa, tampoco norma alguna lo impide, es que tales combinaciones gusten o no a quienes, por su natural procedencia, consideran patrimonio propio el gobierno de las instituciones. Porque, al fin y al cabo, la representación en democracia la dan los votos, de todas y cada una de las personas con derecho al mismo. Acaso, inténtese un cambio legislativo en esa línea, se pretenda —a pesar de las cortapisas que en lo concerniente a la representación ya establece la ley de régimen electoral— establecer una distinta valoración del voto, según quienes lo emitan. Seguramente, y la realidad es bien tozuda, buscarán un modelo cercano o idéntico al estadounidense. De ser así, que se mojen.

Como se trata de deslegitimar, cualquier cosa les parece útil. Es cierto, que cuando lo deslegitimado presenta una notable aceptación, son dados a retroceder. A recular, para entendernos. Con el Ingreso Mínimo Vital, aprobado por el último Consejo de Ministros del mes de mayo, sucedió así. El reconocimiento exterior, así se muestra en titulares de prensa extranjera, ha sido evidente. Esta figura, que viene a paliar un problema estructural, agravado con lo coyuntural, recibió críticas sin ningún miramiento por quienes no ven limitados sus ingresos. Quienes así piensan, por no encontrar en lo económico límite alguno, le atribuyeron el apelativo de «paguita». Quizá, por los espectáculos que nos ofrecen, sean más partidarios de otras soluciones, que dependan de la arbitrariedad. Sustituyendo solidaridad por caridad, más cercana a sus creencias —que esa es otra, cuando se inmiscuye la fe en la política—. De solventarse la situación, al menos devolviendo parte de la dignidad perdida, verían cómo se reducen sus acciones caritativas, que contribuyen a insuflarles orgullo y motivo de conversación, esa que adornan sus vacuos discursos.

Aprovechando la desgraciada pandemia, sus perversos efectos, vuelven a apropiarse de la muerte. Los fallecimientos, puedo estar de acuerdo en que no son simples cifras, afectan a personas. Detrás de cada cifra la hay, aparte de las que quedan imbuidas por un doloroso desgarro por la pérdida de alguien cercano. Hasta ahí, parece que todo cabe dentro de la normalidad (no sé si también en la nueva). Más allá, cuando lo que se pretende es patrimonializar el dolor ajeno, para mercadear con fines espurios, la cuestión ya se aleja de la normalidad, incluso de la nueva. Siempre fueron muy dados a hacer gestos muy ostentosos, de cara a la galería, cuando se trata de la muerte ajena. Sin embargo, no son igual de diligentes cuando la responsabilidad es propia. Porque ese respeto por las personas fallecidas, no solo se ha de materializar en gestos sino en hechos. Estos, cuando tienen la responsabilidad, no son tan ostentosos. Me viene a la memoria, por las chapuzas puestas en evidencias antes y después del accidente, las del Yak 42. El vuelo que trasladaba a militares españoles, por quienes —cuando no son poder— muestran tanto interés. Por cierto, el pasado 26 de mayo se cumplió el decimoséptimo aniversario de tan nefasta tragedia. No escuché, a quienes les gusta la alharaca, honrar el honor de tales víctimas. Al menos con la misma intensidad que hacen con las de la COVID-19, que no digo carezcan de merecimiento.

Cualquier motivo, por lo que comprobamos, les está siendo útil para poner en jaque al gobierno, que no digo no haya errado. Su política, lo fue en anteriores ocasiones —cuando tienen ocasión lo dicen—, es dejar que todo caiga irremediablemente. Según dicen, quizá hasta se lo crean, aguardan para reconstruir el país. Quizá por eso hayan otorgado escasa importancia a la comisión parlamentaria, que tiene como objetivo la reconstrucción. Si ahí se logra el objetivo, difícil lo van a tener, con lo cual habrán de continuar con el argumentario insulso y carente de rigor de la ilegitimidad. Démosle tiempo.