El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria renunció en febrero de 2015, con Juan José Cardona (PP) como alcalde, a ejercer acciones judiciales vinculadas al contrato de alquiler de la actual sede de la empresa municipal de aguas de la capital, Emalsa. Una operación que, según la Fiscalía, ocasionó un quebranto a la sociedad mixta (participada en un 34% por capital público y en un 66% a partes iguales por dos socios privados, Sacyr-Valoriza y Saur) de dos millones de euros. El Ayuntamiento denunció y después renunció a las acciones judiciales, por lo que emplearon eso de yo mismo me lo guiso y yo mismo me lo como.






























Normas de participación
Esta es la opinión de los lectores, no la de este medio.
Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios inapropiados.
La participación implica que ha leído y acepta las Normas de Participación y Política de Privacidad
Normas de Participación
Política de privacidad
Por seguridad guardamos tu IP
216.73.216.84