Señala que algunos trabajadores llevan dos años con parte del salario embargado

Casi toda la plantilla ha llevado a la empresa a juicio

La Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras Canarias (FSC-CCOO) denunció este lunes el “unos electoralista” que hace el Gobierno de Canarias de la empresa pública Visocan, dependiente de la Consejería de Políticas Sociales, Empleo y Vivienda que dirige Cristina Valido.

El sindicato denuncia la “instrumentación política” de esta empresa, que no atiende “ni a las necesidades de la sociedad ni a la de sus empleados, sino a finalidades meramente políticas”. A este respecto, señalan la “escandalosa” contratación de personal en los últimos meses sin que se sepan cuáles son sus funciones y con retribuciones muy por encima de las del colectivo laboral. Asimismo, no dejan de recordar medidas “electoralistas” como la compra de edificios “que no obedecen a necesidades” y de los que se desconocen las condiciones por las que se ha acordado la permanencia de los vecinos.

A esto se suma, señala el sindicato, una situación laboral “calamitosa” que es consecuencia del ERE del año 2012, en el que fueron despedidos muchos trabajadores de la empresa y recortados los salarios a los que permanecieron. Se da la circunstancia que, en 2017, y a instancias de la Consejería de Hacienda se denunció ante el Tribunal de Cuentas irregularidades en la percepción de salarios a consecuencia de ese ERE, lo cual no deja de ser “rocambolesco cuando ha sido la misma Comunidad canaria la que avaló el ERE y la que lo denunció cinco años después”. Esto ha supuesto que algunos trabajadores tengan un embargo preventivo de parte de sus nóminas, situación que se extiende por dos años.

Asimismo, el pasado mes de junio se procedió a la negociación del tercer convenio colectivo, pero el mismo fue rechazado por un informe de la Consejería de Hacienda “sin sustancia alguna”. Esto supone que el colectivo de trabajadores sigue regulado por un ERE judicializado y por el obsoleto segundo convenio colectivo. Esta situación ha motivado una “tremenda” judicialización de la vida laboral, pues casi todos los trabajadores han llevado a la empresa a juicio

El sindicato señala que los contactos mantenidos con Pino de León, directora general de la Vivienda, han resultado “frustrantes, porque solo se nos ha dado buenas palabras”. Sin embargo, todo intento de reunión con Cristina Valido ha fracasado por el “desprecio” de la consejera a recibir a los trabajadores.