La proliferación de vertederos ilegales (VI) es un problema medioambiental grave para muchos países. Según el informe elaborado por La European Union Action to Fight Environmental Crime (EFFACE), el número total de VI en la Unión Europea (UE) es de 12.628 , sumando 2.871.186 t de residuos. La mayoría de los países europeos están afectados por la presencia de VI en su territorio, a excepción de Dinamarca, Lituania y Luxemburgo, siendo Eslovaquia (3.542), Croacia (1.982) y Rumanía (1.410) los países más afectados.
Son muchos los informes que alertan sobre los costos que suponen la aparición de VI. La Agencia de Medioambiente de Reino Unido estimó en 100-150 millones de libras al año los gastos de localización y limpieza de los VI en Reino Unido. El Departamento de Medioambiente y Protección del Patrimonio del Gobierno Local de Queensland (Australia), con una población de 4.546.200, recogió 9300 toneladas de residuos entre 2011 y 2012, con un coste de gestión aproximado de 6,2 millones de dólares (670$ por t). La ocurrencia de VI es también un problema para las comunidades locales de EEUU, por ejemplo, de acuerdo al Departamento de Transporte de Pensilvania, el coste de los impuestos anuales para limpiar los residuos de los VI supone en torno a 10,1 millones de dólares (835$ por t).
La proliferación de VI genera impactos como el deterioro de los paisajes locales, la contaminación del y de los acuíferos o el aumento del riesgo para salud humana. Además, los VI influyen en las economías de las áreas afectadas, reduciendo los retornos de las operaciones turísticas e incurriendo en altos costes de reparación que pueden consumir hasta el 30% de algunos presupuestos de administraciones locales. Varios países han empezado a revisar su regulación sobre VI en respuesta a esta situación y están introduciendo leyes más restrictivas y penas para los delitos por vertidos. La directiva sobre responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños medioambientales de 2004 establece que se deben gestionar los residuos sin gestión, así como su recogida, su transporte, su recuperación y su eliminación. Además, exige medidas de prevención y evaluación de daños medioambientales que contribuyan a planificar su reparación. La UE en su Directiva relativa a Residuos de 2008 define un vertedero como un emplazamiento de eliminación de residuos que se destina al depósito de residuos en superficie o subterráneo y la Directiva relativa a Vertido de Residuos de 1999 establece los estándares y requerimientos para la explotación de vertederos. No obstante, ambas directivas no definen directamente el término VI.
Los VI ocupan el último eslabón en la cadena de gestión de residuos, apareciendo cuando el tratamiento de los residuos genera más costes que beneficios a la población, al tiempo que su número aumenta cuando la sensibilidad medioambiental decrece a causa de las restricciones que limitan las actividades económicas. El incremento de la generación de basura suele estar asociado al crecimiento económico y demográfico, elevada industrialización, y mejoras en el nivel de vida. Algunos estudiosos encontraron que el aumento del 1% en el precio de depósito de residuos incrementaba en un 3% el número de vertederos ilegales localizados. Otros han fundamentado que una mejor comprensión de las componentes específicas que influyen en los patrones de los VI en una región mejora la eficacia de la de gestión de residuos y reduce los impactos derivados de la aparición de los VI. Las características socio-económicas y medioambientales de Canarias, tales como la alta densidad de población, el aislamiento relativo, la indisponibilidad de superficie y la escasez de recursos humanos y financieros han tenido un impacto negativo en la gestión de los residuos. Estas características de las islas Canarias, junto con su elevado valor ecológico y turístico, hacen necesaria la adopción de iniciativas que permitan reducir esos impactos. En Canarias, a pesar de la evidente problemática medioambiental no se han llevado a cabo estudios en profundidad sobre los VI por parte de las administraciones públicas insulares y autonómicas. En este sentido, se considera tan necesario identificar aquellas actividades humanas implicadas en la generación de residuos, como valorar la percepción existente sobre la problemática de los vertederos ilegales por parte de la población de las Islas Canarias para atajar un problema que tiene alcances desconocidos para muchos ciudadanos.
La encuesta se titula "Vertederos ilegales - Canarias" y su acceso es posible a partir del siguiente enlace: https://goo.gl/forms/Pd2fdRkcAhhINT1a2.
Muchas gracias por su colaboración.




























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