El proyecto de decreto para reconocer la Situación de Dependencia y el Derecho a las Prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en Canarias lo elaboró una empresa privada. Por este trabajo, la Consejería regional de Asuntos Sociales, pagó 17 975 euros, y además resulta, que el decreto ha recibido tantas críticas que no va a servir para nada. Una vez más, la buena gestión de lo público, se impone en estas ínsulas.





























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