Por su condición de mujeres

Cuando en la del alba terminé de leer el reportaje firmado por doña Rosa Rodríguez (Canarias7: “Atasco para valorar a las víctimas de maltrato”, 17 de octubre), me vinieron a la memoria cinco inmediatos recuerdos: una publicación; la última revista de Amnistía Internacional; información escuchada el día anterior (Onda Cero); letras de canciones (eldiario.es reproduce algunas como “Tendría que besarte, desnudarte, pegarte; luego violarte, hasta que digas sí") y una película española cuya proyección hoy cabrearía a quienes denunciamos la barbarie machista sobre las mujeres (seis años atrás, por ejemplo, este periódico me publicó “En Kabul las matan a pedradas”).

El inicio de Traición (2018), novela policiaca de Walter Mosley, me atrajo: Joe King Oliver, protagonista, exmiembro de la policía neoyorquina, no solo había sido expulsado del Cuerpo tras caer en una trampa sino que, además, pasó ocho meses en la cárcel. Y ya se sabe: los internos tienen especial olfato para detectar desde la trena a un madero condenado. Cuando recupera la libertad se comportará como casi todos los ex del género policiaco: será detective privado. Pero siente el binomio ley - justicia y aprovechará la oportunidad de luchar contra estructuras sociales degradadas; así, ayuda a un activista negro acusado de matar a dos policías.

Y aunque su despacho está instalado en un barrio carísimo, el alquiler es bajo gracias a su anterior amistad con otro poli, G. Palmer. A fin de cuentas este se hizo el longui cuando L. Hale, hijo del propietario, había golpeado brutalmente a una mujer. Es el mismo L. Hale que tres años después dio una mortal paliza a otra. Pero solo fue condenado por homicidio involuntario: sus abogados habían llegado a un acuerdo con la fiscalía.

Recibo de Amnistía Internacional la revista correspondiente a otoño. Informa sobre Noura Hussein, muchacha sudanesa condenada a muerte por el asesinato de su marido cuando este y otros tres hombres intentaron violarla: se había negado a mantener las primeras relaciones sexuales con un desconocido impuesto por arreglos familiares. A fin de cuentas, sospecho, se habría producido la típica transacción mercantil: el matrimonio iba a solucionar el estado de miseria familiar. El comprador, claro, exige la inmediata sumisión sexual: era suya. Pero Noura no acepta tal condición esclavista. Gracias a campañas internacionales de Amnistía, otro tribunal sustituyó la condena a muerte por cinco años de cárcel.

Una mujer rumana acepta trabajar como prostituta en España: irá al cincuenta por ciento con el socio, quien lleva las relaciones públicas. Al poco la vende por dos mil euros. Su dueño –ya está esclavizada- la controla y explota como mercancía, le prohíbe contactos con el exterior e impone jornada continua de “prestaciones sexuales” (Vargas Llosa).

Obviamente no percibe nada de los beneficios por su actividad laboral: debe compensar los gastos ocasionados por compra, mantenimiento... Gracias a un cliente alerta a la policía. El proxeneta / esclavista ha sido condenado a cuatro años de cárcel, cuatro, por comprar a un ser humano, secuestro, explotación sexual e ilícito enriquecimiento.

Sor Citroën es película de 1967. La hermana Tomasa (Gracita Morales) tiene muy buena relación con Rosalía, quien le echa en cara su insistencia para que se casara con don Santiago, pescadero. Este emplea la violencia sobre ella: los marcados moretones son la prueba. La monja la consuela y deja en el aire una pregunta, una insinuación: ¿no será merecedora del castigo infligido por don Santiago?

La monja quiere saber el porqué de tal comportamiento. Va, por tanto, a la pescadería. Don Santiago responde con naturalidad: “Es una manirrota; no sabe guisar, no sabe coser, no sabe planchar... Y además... la miran”. Y con un pescado de regalo bajo el brazo, su ecuánime visión de las cosas la lleva a recriminar al maltratador: “¡Mira que pegarle a esa pobre infeliz!... Ya lo sabe usted: mujer te doy, no esclava”. Y se fue. (No a la policía, claro, para denunciarlo: es España.)

Los recuerdos anteriores, estimado lector, me llevaron a la relectura del reportaje. El señor Barragán -consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias- niega la desasistencia a las mujeres víctimas de violencia machista denunciada por el PP canario (“las víctimas no están en desamparo”, pregona durante su intervención parlamentaria). Pero lo cierto es que hay tardanzas... reconocidas por él mismo (“admite demoras en evaluar el riesgo que corren”). Lo cual contradice su afirmación de atenta vigilancia “a la materia estrictamente autonómica”.

Y materia estrictamente autonómica es la continuada barbarie ejercida sobre mujeres. Por tanto, no llego a entender que el correspondiente departamento de su consejería (Valoración Integral de Víctimas de Violencia de Género en Canarias) dilate las evaluaciones de riesgo tan próximas a muchas mujeres isleñas. Lo cual lleva, claro, a dos opciones: o la vigilancia tiene zonas de intensa penumbra o, acaso, la rigurosa atención a Justicia, Presidencia e Igualdad es imposible dada la acumulación de tantas responsabilidades gubernamentales.

El señor Barragán, como experimentadísimo responsable de variados cargos públicos, sabe que su explicación (“escasez de medios y personal”) no tiene consistencia. Por una parte, la falta de personal no es, precisamente, el gran problema de la Administración canaria. Otra cosa bien distinta es que el ejerciente esté especializado, a fin de cuentas hay mandos intermedios profesionalmente ajenos a despachos muy delicados.

Por otra, el Boletín Oficial de Canarias (5 de enero 2017) comunica su toma de posesión como consejero de Presidencia... Resulta llamativo, pues, que tras casi dos años recurra también a la excusa de “escasez de medios”. Porque si “los medios” necesarios para la perfecta atención a mujeres víctimas de la violencia escasean, tales limitaciones quizás se deban a la tradición política canaria de dejarse ir al golpito o, acaso, a supuestas carencias... no precisamente materiales.

El departamento correspondiente y quienes lo dirigen tienen la obligación de aplicar inmediatas soluciones: están en juego estabilidades emocionales y vidas de muchas canarias. (Por cierto, en hablando de mujeres: el señor Casado –PP- quiere limitar el reconocido derecho al aborto.)