El PP reclama al Cabildo el expediente sobre la investigación abierta por la contratación de un técnico condenado a más de 32 años de inhabilitación  

El Grupo Popular en el Cabildo de Gran Canaria ha presentado un escrito en el que solicita copia del expediente sobre la investigación abierta por el gobierno insular tras las reiteradas denuncias del PP a raíz de la contratación como técnico de gestión del ex secretario del Ayuntamiento de Yaiza, Vicente Bartolomé Fuentes, a pesar de acumular cinco condenas por varios delitos de corrupción que lo inhabilitan a más de 32 años.

La solicitud se produce tres semanas después de que el PP interpelara en Comisión de Pleno a la consejera de Recursos Humanos, María Isabel Santana (PSOE), quien anunció que su departamento iba a encargar un nuevo informe a los servicios jurídico para determinar si su contratación como personal del Cabildo en el servicio de Formación y Prevención se ajustó a la legalidad.

“Han transcurrido ya varias semanas desde que saltó esta polémica, y el grupo de gobierno insular (NC, PSOE y los tránsfugas) sigue sin dar explicaciones claras y convincentes sobre el proceso seguido para la contratación de esta persona, que casualmente es vecino puerta con puerta del presidente Morales en un chalet que comparte con una alta funcionaria del Ayuntamiento de Agüimes”, relata el portavoz popular Felipe Afonso El Jaber.

El líder de la oposición en el Cabildo grancanario teme que, como ya sucedió con el asunto de los cobros irregulares a varios ancianos de la Residencia de Mayores de Agüimes, el gobierno insular esté intentando enfriar la investigación y enterrar con argucias administrativas un escándalo que salpica de forma directa al presidente Antonio Morales, quien a día de hoy sigue sin pronunciarse sobre las sospechas de ilegalidad en torno a este asunto.

En cualquier caso, el PP insiste en que, desde el punto de vista ético y moral, “es absolutamente reprobable” que el Cabildo contrate a una persona condenada por última vez el pasado 26 de enero por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), en una pieza separada del caso Stratvs, a una nueva pena de inhabilitación de 14 años -siete como cooperador necesario de un delito de prevaricación y otros siete por un delito contra la ordenación del territorio- y 5.400 euros de multa.

Se da la circunstancia de que en dicha sentencia, ante la que cabe recurso, también fue condenada a otros 14 años de inhabilitación la dimitida alcaldesa de Yaiza, Gladys Acuña, que a día de hoy sigue sin renunciar a su acta de diputada por Nueva Canarias en el Parlamento regional.