CCOO denuncia la desigualdad generada por el Cabildo de Gran Canaria entre los menores acogidos en centros

La Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras Canarias (FSC-CCOO) denunció este lunes las desigualdades generadas por el Cabildo de Gran Canaria con los menores acogidos en los centros que no son gestionados de forma directa por la corporación, dándose el caso de que la dotación económica por menor es menos de la tercera parte de lo que recibe otro en un centro de Fuerteventura.

FSC-CCOO denuncia que el Cabildo no paga a las empresas encargadas de gestionar estos centros lo que exige el convenio del año 2010, sino que mantiene los precios del año 2008, sensiblemente inferiores. Así, para cada menor acogido en estos centros, el Cabildo presidido por Antonio Morales, de Nueva Canarias, facilita 59,65 euros, mientras que un menor acogido en La Palma disfruta de 80 euros, “y eso por no hablar de los 110 euros por menor en la isla de Lanzarote, los 112 euros de Tenerife o los 187,59 euros de Fuerteventura”. Este desequilibrio en la plaza/día produce una enorme precariedad en el trabajo desempeñado por los profesionales de Gran Canaria que se ven obligados a buscar sueldos más dignos. Ello afecta gravemente al aspecto educativo de la atención a los menores que constantemente ven cambiar las plantillas y pierden a sus referentes.

Se trata de una “desigualdad estigmatizante por la que se hace pasar, nada menos, que a los niños más necesitados de atención de Gran Canaria”, afirma el sindicato, que recuerda que, si bien en los presupuestos del año 2017 están reflejadas las cantidades actualizadas, el Cabildo no las está abonando “y continúa dando largas” respecto a la licitación, hasta el punto de que muchas empresas han decidido renunciar a la gestión por no poder hacer frente a los convenios colectivos. En muchas ocasiones, las empresas se ven obligadas a poner de sus fondos propios y acudir a cajas y bancos para hacer frente a los gastos de los menores y los trabajadores por los enormes retrasos del Cabildo en los pagos a la vez que los trabajadores sufren demoras en el cobro de sus salarios.

La asfixia económica a la que “castiga” el Cabildo tanto a los trabajadores del sector como a los menores es tal que los centros deben priorizar en qué se gastan el dinero, dándose el caso en algunas asociaciones de no haber presupuesto para comprar regalos de Navidad para los menores y tener que recurrir a donaciones particulares. Así, un niño alojado en un centro gestionado directamente por el Cabildo puede recibir 150 euros para regalos de reyes, mientras que un niño que tiene la “desgracia” de estar alojado en un centro gestionado de manera indirecta recibe 50 euros. Lo mismo ocurre con los bonos de guagua, la ropa o la dotación de los centros. “Y son niños que, con frecuencia, pertenecen al mismo barrio, niños que se conocen y que pueden comparar el distinto trato que les da la primera institución de Gran Canaria”. Para la entidad pública existen “niños de primera y niños de segunda”.

Asimismo, el sindicato denuncia que la atención en estos centros de menores es un “auténtico caos” por la falta de medios. Así, es frecuente que niños muy pequeños tengan que convivir con otros de diecisiete años, que niños con discapacidad que requieren de una atención permanente no reciban la dotación presupuestaria que requiere su situación, o que convivan menores sin cargas judiciales con otros menores que sí las tienen y de los que imitan patrones de comportamiento. De la misma manera, los centros gestionados de manera directa por el Cabildo gozan de medios extraordinarios para hacer frente a distintas contingencias, mientras que los centros gestionados de forma indirecta “no pueden hacer frente al gasto de siquiera un psicólogo”.

El sindicato considera que, de esta manera, la Consejería de Política Social lleva años obligando a los menores a “pagar el pato de su mala gestión y de su falta de consideración y respeto”.

El sindicato denuncia, además, que el Cabildo saca a concurso centros de emergencia con un plazo para entregar la documentación de tan solo veinticuatro horas, “lo que significa que las empresas que se quieran presentar deben tener unos enormes reflejos o una enorme intuición para saber con anterioridad cuando van a salir los concursos”.