Alquiler vacacional

Las recientes declaraciones del presidente de la patronal turística de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, aprovechando el paso del Guayadeque por Ingenio y Agüimes, ponen en evidencia el comportamiento de algunas personas. Es aquello de: no necesitan de nadie para decir quiénes son. Quizá, le supongo un posterior atisbo de reflexión, a la hora de estar escribiendo estas líneas se habrá arrepentido de su exabrupto. O no, porque ya en una anterior ocasión mostró visos de escasa reflexión al referirse a esta modalidad de turismo. También, en aquel momento, con una puntería de tirador de caseta de feria.

El cambio de rumbo del asunto, a raíz de la sentencia del TSJC, puso de manifiesto algo de lo que se venía hablando con antelación. No era sino que, a la hora de redactar el Decreto objeto de la sentencia, hubo un cierto influjo de la patronal hotelera. De ahí que, justo cuando se conoció la susodicha sentencia, las voces de los damnificados no se hiciesen esperar. Una vez más, como ha ido aconteciendo hasta el momento, no se escuchan argumentaciones de peso para mantenerse contrario a dicho modelo turístico. Esto viene siendo así, desde que el anterior presidente autonómico realizase unas declaraciones sobre el asunto en cuestión. También se mostró, como él solo sabía hacer, con una soberbia puntería para andar por jardines de difícil salida.

Sorprende otro aspecto en este asunto, que el recurso no solo fue interpuesto por quienes se dedican al alquiler vacacional, también por el organismo encargado de velar por la competencia. Ya sabemos, en este sistema económico, según sus defensores debe primar la libre competencia. Otra cosa es que después suceda de ese modo. ¿Qué son, si no, los casos de corrupción destapados? En la corruptela, subyace el interés por quedar en mejor posición a la hora de optar por una obra pública. Expresado de otro modo: se saltan todas las normas de lo que defienden, practican la hipocresía como deporte habitual. Tal es así, que el organismo regulador mostró su interés en contribuir a subsanar, en una nueva redacción, los aspectos señalados por la sentencia. A la luz de las nuevas informaciones, parece que se ahorrarán dicha tarea.

Si en un principio admitieron la sentencia, y parecían dispuestos a introducir modificaciones, dejar la redacción de Decreto acorde a los pronunciamientos del TSJC, no es lo que ahora se conoce. Deben haber recibido nuevas instrucciones, pues han decidido gastarse el dinero de los contribuyentes para presentar recurso. Digo yo, saldrá más barato introducir los cambios propuestos. O simplemente buscan mantener las tesis del Decreto, que no son otras sino las defendidas por la patronal hostelera. La misma que se atreve, ante la escasez de argumentación, a jugar con los damnificados por la lacra terrorista de nuevo cuño. Asociar alquiler vacacional y terrorismo es, como poco, una inadecuada comparación que, como sabemos, son odiosas.