El edil socialista en Guía, Manuel García, denuncia que un terreno público pasa a ser propiedad de un banco

En el último Pleno Ordinario celebrado a finales de enero, el alcalde respondió a la pregunta que en presentó el 28 de octubre el portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento de Guía, Manuel García Morales, sobre la situación actual del expediente relativo a la Constitución de Derecho de Superficie sobre la parcela municipal sita en Llano Alegre, inscrita en el Inventario General de Bienes de este Ayuntamiento con la categoría de bien de dominio público, y qué proyecto tiene el Grupo de Gobierno para esta edificación realizada sobre terreno público.

En su respuesta Pedro Rodríguez argumentó que el 16 de noviembre de 2006 se acordó en sesión plenaria la aprobación definitiva del expediente sobre la constitución del Derecho de Superficie a favor de la Asociación de Empresarios de Guía, ASEMPRO Guía, que los servicios jurídicos del Ayuntamiento están trabajando en este expediente, que informan que el Derecho de Superficie corresponde a la entidad Buildingcenter, S.A, y que hasta que no le informen sobre la situación definitiva del inmueble no puede aventurar más allá.

La situación de lo planteado por el edil socialista se remonta al año 2006, cuando se acordó la desafección de una parcela municipal inscrita con la categoría de bien de dominio público, categorizada en el Planeamiento Municipal con un uso social pormenorizado en sanitario, cultural, de reunión y administrativo. Asimismo, en dicho año, se aprobó el expediente para constituir un Derecho de Superficie a favor de la Asociación de Empresarios y Profesionales de Santa María de Guía (ASEMPRO Guía).

Han transcurrido diez años, y en dicha parcela se ha construido un edificio, inicialmente como Centro Empresarial Polivalente, que está inutilizado y que no ha cumplido ni cumple con la finalidad que se constituyó el Derecho de Superficie.

Ante la respuesta del alcalde,el edil socialista se pregunta :

¿Cómo es posible que se ceda suelo público sin las suficientes garantías, para que en caso de no destinarse al fin establecido, retorne sin condiciones al patrimonio municipal?

¿Cómo se permite hipotecar el suelo público como garantía de un proyecto que no cumple con sus objetivos?

¿Cómo es posible que el suelo público vaya a parar a una entidad bancaria como garantía de una hipoteca que solicitan unos particulares constituidos en asociación?

¿Cómo es posible, que si queremos recuperar dicho suelo, tengamos que desembolsar los guienses las cantidades hipotecarias que otros solicitaron?

¿Por qué no se solicitaron los avales necesarios a los empresarios responsables del proyecto?

¿Qué pasa ahora con el dinero público que se ha invertido para realizar el edificio construido, vacío, inutilizado y difícilmente recuperable dado el estado lamentable de las arcas municipales?

¿Quiénes son responsables de esta situación y, lo más importante, qué actuaciones se están llevando a cabo para la recuperación del suelo público cedido y del dinero público invertido?

Es momento de exigir responsabilidades y responsables de quienes, con el patrimonio de todos, toman decisiones sin las suficientes garantías.

Se pregunta, si estas mismas personas, con su patrimonio particular hubiesen actuado de la misma manera.