Atención sociosanitaria y el fracaso en las expectativas

La atención sociosanitaria en nuestro país ha tenido las expectativas frustradas en las ayudas a la dependencia. Algunos datos aportados por uno de los principales expertos nacionales en gasto social, López Casasnovas, son determinantes. A finales de 2014 el número de solicitudes era de 1.600.000, había 1.500.000 dependientes y 725.000 beneficiarios y se abonaban 900.000 prestaciones. Estas cifras suponían que el gasto previsto inicialmente, se duplicase.

Cuando hablamos de la dependencia, nos referimos a los cuidados que se establecen para aquellos pacientes crónicos, que por causas de una enfermedad o una discapacidad física, mental, intelectual o sensorial, deben beneficiarse de la actuación simultánea de servicios sanitarios y sociales, con el objetivo de mejorar su vida diaria porque han perdido total o parcialmente su autonomía.

En España, el reto que suponen cambios sociales como el envejecimiento paulatino de la población, la transformación que se ha producido en la estructura familiar en la que hay menos hijos o que la mujer se ha incorporado al mercado de trabajo; ha propiciado la intervención del Estado porque, sin lugar a dudas, éstos, son los principales desafíos que tienen que afrontar los países desarrollados, las “políticas para las personas”.

Para ello, se aprobó la Ley 39/2006 de 14 de diciembre de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, que es la base para el Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). Sin embargo, además de las cifras expuestas anteriormente se falló una vez más, en planificar adecuadamente y se hicieron sobrevaloraciones en cuanto a la capacidad de financiación.

También, otro error de la Ley, fue el hecho de no dejar claro las responsabilidades de cada una de las administraciones, así como, no establecer políticas de prevención de forma transversal en colaboración con distintos ámbitos como el sanitario y el educativo. Por supuesto, los errores en la gestión, son otro de los elementos que han generado esta situación de incumplimiento con la Ley y especialmente con los ciudadanos que lo necesitan.

Además de corregir los errores, ahora es necesario también cambiar las estructuras y conseguir mayor eficacia en los servicios ya establecidos con el objetivo de afrontar la demanda que se sigue generando, fundamentalmente, por el progresivo envejecimiento de la población y por las enfermedades como la depresión, el deterioro cognitivo, la diabetes o el sobrepeso. Pero también, para mejorar las prestaciones económicas que reciben las distintas entidades y agentes privados, que desarrollan el servicio como plataformas complementarias a la administración pública, a la que le es imposible cubrir las necesidades de toda la población.

Es imprescindible, tener muy claro desde el ámbito político, que la sostenibilidad de la Ley de la Dependencia no está sólo en la insuficiencia económica, sino que es indispensable fomentar y promocionar, creando consciencia y sensibilidad, los mecanismos que favorezcan la prevención de los factores que generan la pérdida de autonomía y los deterioros que se producen a medida que vamos cumpliendo años y por la falta de salud.