Cuando el actual gobierno del Cabildo de Gran Canaria cumplió un año de su mandato tenían saldos bancarios por un valor de más de 240 millones de euros. Para valorar la dimensión de esta cantidad es de decir que era un 47% más de la que existía cuando el actual presidente asumió el cargo y entonces le parecía mucho.

No parece, por lo tanto, que el Cabildo de Gran Canaria tenga problema de liquidez y solvencia.Todo lo contrario, su principal problema es su escasa capacidad de gestión y de gastar con eficacia los recursos que reciben de los ciudadanos. Por eso ha aumentado lo que ha aumentado el saldo en las cuentas el último año.

A pesar de esta realidad, Antonio Morales y sus consejeros del pacto de izquierda que gobiernan el Cabildo, compuesto por Podemos, PSOE y Nueva Canaria ,han propuesto nuevos tributos a pagar por los turistas que nos visitan además de los que ya pagan, también ha propuesto cargar tributariamente aún más a los conductores cada vez que acude a una gasolinera y ,finalmente, plantean una brutal subida de las distintas tasas por prestación de servicios de los vertederos o que en algunos casos se multiplican por 3.33 y en la que más recauda aumenta a más del doble de de 26,152 euros toneladas a 53,333 euros.

Es obvio que son subidas ideológicas y no producto de la necesidad presupuestaria o , si se prefiere, producto de la avaricia fiscal.

Estas nuevas tasas tendrán repercusión en el bolsillo de los ciudadanos y en los presupuestos municipales, presupuestos de los ayuntamientos mucho más estrechos que el del Cabildo y que van a suponer una gran carga que tendrán los ayuntamientos que detraer de otros servicios o aumentar los ingresos repercutiéndolo en las sufridas espaldas de los vecinos.

Con esta subida el Cabildo pretende tres cosas: No volver a poner las partidas de cerca de seis millones que pone este año para la gestión de los complejos medioambientales mientras no entre en vigor la nueva ordenanza, repercutir los cerca de nueve millones años que tendremos que pagar los próximos años para pagar las inversiones con sus correspondientes intereses realizada, en los últimos año, para modernizar la política de residuos y, finalmente, repercutir en los usuarios el coste de la gestión corriente de los vertederos.Son tres objetivos de naturalezas muy distintas.

En el Pleno que aprobó inicialmente la nuevas tarifas el Partido Popular propuso que el Cabildo de Gran Canaria se hiciera cargo de los nueve millones anuales para el pago de las inversiones.Lo hicimos por tres razones, porque es posible aumentar de seis a nueve millones la aportación de este año de la institución insular sin ninguna dificultad como he contado, por coherencia por lo dicho a los ciudadanos por el PSOE y Nueva Canaria antes de las pasadas elecciones y por seguridad jurídica.

Cuando en el pasado mandato, en el 2014, se establecieron las actuales tarifas la anterior oposición, hoy gran parte del gobierno insular, se opuso radicalmente a que la tarifa, por ejemplo, de residuos urbanos pasaran a ser de 26,152 euros toneladas y pidieron que el Cabildo asumiera parte de los costes y la subidas fueran graduales. Dos años después, ya en el gobierno, la aumentan a 53,333 sin cortarse un pelo.

Finalmente, hay que recordar que una sentencia del 2015, poco antes de las elecciones locales, el TSJC consideró ilegal repercutir las inversiones en las tasas públicas y aunque la sentencia no es firme si es muy contundente y clara.Conviene ser prudente y evitar que los gobiernos insulares del futuro tengan que devolver una gran bola de decenas de millones de euros por ser esta repercusión ilegal.

Por todo ello, hago un llamamiento a Podemos, Nueva Canarias y PSOE para que reine la cordura, la mesura y la coherencia y pare este auténtico sablazo a los ayuntamientos y al conjunto de los grancanarios.

Felipe Afonso El Jaber es portavoz del PP en el Cabildo de Gran Canaria