El anteproyecto de la Ley del Suelo, y sus “vicios ocultos”

Desde hace unos meses, venimos asistiendo a un bombardeo mediático, sobre la nueva regulación que el gobierno de Canarias, quiere darle a nuestro patrio solar. Para ello han encargado a un grupo de “Expertos”, que realicen el documento base y que a la postre se ha convertido en un proyecto que es aprobado en Consejo de Gobierno con fecha 8 de agosto de 2016 y con el nombre de la Ley del suelo de Canarias.

Dice el propio Gobierno de Canarias que el texto, nace con la aportación de todas las instituciones -cabildos y ayuntamientos-, y de los sectores profesionales, sociales y económicos que tienen relación con la ordenación del territorio en las Islas.

La primera justificación que en su página oficial nos da el propio Gobierno de Canarias, es que este texto legal parte de la premisa de que la regulación del suelo es necesaria e imprescindible. O, lo que es lo mismo, que la protección del territorio, su ordenación y su uso, requiere necesariamente de la existencia de normas y reglas que lo sustenten y, sobre todo, que ordenen los legítimos intereses públicos o privados que confluyen sobre él. Ante ello me hago la reflexión siguiente: ¿Es que Canarias, carece de normativa que regule y proteja nuestro territorio?.

Nada más lejos de la realidad. Canarias ha sido pionera en marcar pautas para la protección de su territorio, y en especial de los espacios naturales. La regulación de nuestro suelo, se inicia allá por el año 1985, con una Ley de medidas urgentes, a las que siguieron las Leyes de los Espacios Naturales protegidos, La Ley del suelo rústico y otras, hasta llegar a la Ley de ordenación del Territorio de 1.999 y posteriormente el texto Refundido en el año siguiente. Estas fueron complementadas con las directrices de Ordenación del Turismo, la Ley de medidas urgentes y la de la renovación turística y que ha sido modificada el año pasado.

Este anteproyecto, consta de seis bloques principales, relativos a las clases de suelo (Títulos I-IV), planes de ordenación (Título IV, sobre la ordenación de los espacios Protegidos y Red natura 2000), actuación y ejecución de los planes (Títulos V y VI), intervención o control sobre el suelo (Títulos VII-IX) y Régimen sancionador y disciplina urbanística (título X) y por último las disposiciones finales, transitorias, derogatorias y finales.

En opinión de los Técnicos redactores del proyecto, las leyes actuales son complejas, retrasan los planes generales, hay excesiva burocracia, demasiadas trabas para el desarrollo y ello obliga a simplificar la normativa y hacerla más ágil. Para ello, otorgan a los Ayuntamientos plenos poderes para poder desarrollar y aprobar sus planes generales, con autonomía plena y sin el control de entidades supramunicipales que se encarguen de verificar la legalidad vigente y si los acuerdos son ajustados a derecho.

Justifican esta autonomía plena, en la mayoría de edad de las Instituciones locales y que las mismas tienen herramientas suficientes para que las decisiones en cuanto al planeamiento, estén garantizadas. Queda claro que desaparecería del marco legal la COTMAC, es decir, la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias y que a la sazón, es el órgano de deliberación, consulta y decisión de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias en materia de ordenación del territorio y medio ambiente.

Este órgano está adscrito a la Consejería de Obras Públicas, siendo un ente Autónomo, que dispone de su propio Reglamento de Organización y funcionamiento y cuyas competencias vienen derivadas del famoso Decreto Legislativo 1/2000 de 8 de mayo donde se aprueba el Texto Refundido de las leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales.

Aunque es complejo y resultaría tedioso, hacer un juicio crítico sobre este nuevo texto legal, que inicia su andadura Parlamentaria, sí que podemos destacar detalles que aunque parezcan domésticos, tienen un importante calado.

Se pretende p.e. agilizar los trámites, de licencias de obras en suelo urbano y rústico. En la justificación de los redactores para eliminar “trabas burocráticas”, es el de simplificar la norma, porque con ello se aceleran las inversiones y se dinamiza la actividad económica.

Una segunda reflexión sería, que coste tendría la agilización, sin una armonización de las normas con las peculiaridades de nuestro fragmentado territorio y que este pueda conservarse para nuestras futuras generaciones.

Argumentan en el texto, que éste ha sido sometido a información, con un intenso proceso de participación, y que fue debatido con todas las instituciones implicadas, así como con la totalidad de sectores profesionales, sociales y económicos, que tienen relación con la Ordenación del Territorio de Canarias.

Quedo asombrado ante tales afirmaciones, pues según el propio Colegio de Arquitectos de Canarias, no ha habido consulta alguna a dicha Institución al respecto, por otra parte, la representación de la Federación de Municipios, ha presentado alegaciones al documento, tampoco, el propio socio de Coalición Canaria en el Gobierno, ha llevado a debate entre su militancia el anteproyecto, y por último, desconozco si las asociaciones profesionales de agricultores han sido consultados al respecto.

Si bien es cierto que tanto las confederaciones de Empresarios, como el Partido Popular, apoyan sin fisuras el texto y por razones obvias, existen razones y fundamentos importantes por parte de interlocutores acreditados de que la nueva Ley, debe y tiene que ser enmendada. Plazos y tiempos hay para ello. El Parlamento dispone de herramientas adecuadas para que los partidos políticos que forman parte de la Cámara introduzcan enmiendas en primer lugar a la totalidad con textos alternativos o bien en una segunda oportunidad, las enmiendas parciales, todo ello de acuerdo con lo establecido en los artículos 122 y ss del Reglamento del Parlamento.

Lo que es claro y notorio que por un lado, el Consejo Consultivo de Canarias enmienda la plana al texto y por otro son los propios servicios jurídicos de la Conserjería de Política Territorial los que ponen una pica en Flandes, pues según noticias de Canarias Ahora, existen muchas contradicciones en el nuevo texto legal, que afectan entre otras cosas a la defensa del desarrollo sostenible del Suelo, en un claro incumplimiento de lo recogido en el artículo 3.2 del TRLS

El informe de Servicios Jurídicos de la Comunidad se detiene también en una serie de contradicciones en el articulado de la Ley del Suelo que afectan, entre otros, a la defensa del desarrollo sostenible de las Islas. En la regulación del suelo rústico, la letrada resalta que se amplían notablemente los usos permitidos por “la triple vía” de ampliar los que se consideran ordinarios, complementarios y la flexibilización de los requisitos de las actividades excepcionales en este tipo de suelo.

En mi opinión, este anteproyecto, que inicia su recorrido parlamentario, se ha realizado de forma apresurada, utiliza de forma torticera los términos de desarrollo sostenible, no ha sido consensuado con todos los Agentes y actores sociales; en su elaboración se echa en falta, lo que el Catedrático Don Carmelo Padrón titula como discrecionalidad política y es nada más ni nada menos que la impronta del Texto, donde se refleje de forma clara y rotunda que modelo de desarrollo y crecimiento queremos para nuestra tierra, para que ésta, no sea el bocado apetitoso de los especuladores, en un momento de crecimiento turístico dulce y motivado posiblemente por el “calentamiento” de los países del próximo Oriente.

La norma debe y tiene que obedecer a una necesidad, claro está que hay que simplificar el complejo y extenso marco normativo. Se debe hacer una compilación de los textos que tenemos vigentes actualmente, reducir por supuesto la carga normativa, pero eso no puede conducirnos a que todo el monte sea de orégano y que demos carta blanca a que nuestra orografía marcada por su irregularidad, sea pasto de las grandes palas mecánicas.

Es necesario y fundamental que una doble instancia, sea la que garantice el cumplimiento del texto que salga del Parlamento de Canarias, porque si no fuese así, sería y con perdón como si pusiésemos a guardar en el Gallinero al zorro que accidentalmente pasó por allí.

Los canarios nos merecemos, una tierra para vivirla y disfrutarla, está claro que además, debe servirnos para que nuestros sectores económicos puedan seguir invirtiendo, no sólo para tener beneficios, sino también para que esos beneficios redunden en nuestra población, creando nuevos puestos de trabajo y que los cuales se desarrollen en unas condiciones dignas y sin precariedad, sin olvidarnos que tenemos un sector primario que necesita de apoyo y protección para que pueda seguir siendo un atractivo para nuestra gente joven y que por otro lado sirva para fijar población en los distintos sectores Rurales de nuestra Comunidad.

Esperemos que la sensatez de nuestros Parlamentarios, que por otro lado representan a toda la ciudadanía, no dejen que esos “vicios ocultos”, permitan un texto que estén alejados de nuestros legítimos intereses, y que el desarrollo sostenible, ese el de verdad, sea un objetivo real y no una simple y denostada quimera.