El PP de Gáldar tilda la actitud de Teodoro Sosa de “provocadora” y “desafiante” con los vecinos de menos recursos económicos

El Grupo Municipal Popular vuelve a pedir la dimisión de Teodoro Sosa y su gerente municipal, Manolo López porque ambos han facilitado con su actitud "pasiva" que las viviendas sociales de Sardina se queden en manos "privadas" y a precio de "saldo".

El PP recuerda que el pasado 16 de Abril, salía en el BOE número 92 y anuncio 15012 la subasta de las VPO de Sardina, y con ella decenas de sueños rotos de humildes compradores galdenses que han visto como después de 6 años de ilusiones, estas se desvanecen.

También indican que el suelo municipal donde fueron construidas 84 VPO en Sardina, terreno cedido a Galobra, empresa propiedad de todos los galdenses porque su capital social es de todos los vecinos y vecinas tiene los días contados, y que en breves fechas, y después de una "muerte anunciada" tendrá nuevo propietario, el cual, tendrá la gran oportunidad de hacer negocio con los pisos que tenía como finalidad ser comprados por personas humildes y de escaso poder adquisitivo de nuestro municipio.

El PP explica que inicialmente, las tres parcelas han salido en subasta a un precio estimado de casi 9 millones de euros, ya que, Galobra tiene una deuda con la empresa a la que adjudicó las viviendas de 6.7 millones euros. Pero esta deuda es aún superior si tenemos en cuenta los compradores que aún están esperando por recuperar su dinero después de 6 largos años de luchas y desencuentros e incluso acreedores institucionales como el Instituto Canario de la Vivienda, ente que aportó casi 300.000 euros en subvenciones y que ahora pide también la devolución de dicha cantidad económica.

Según el PP, al quedar recientemente desierta la subasta, el artículo 671 de la Ley 42/2015, que recientemente reformó la Ley 1/2000, de 7 de Enero de Enjuiciamiento Civil contempla que el acreedor tiene 20 días para pedir la adjudicación del bien subastado por el 50% del valor por el que hubiera salido a la puja, es decir, que el acreedor puede quedarse por 4.5 millones de euros con el suelo municipal y su edificación. Aunque también le asiste la normativa legal al acreedor solicitar la cantidad económica que se le deba por todos los conceptos, es decir 6.7 millones de euros. Ya sea una u otra vía la utilizada por los distintos acreedores, estos también podrán reclamar el cobro de los intereses de demora, las costas procesales en las que han incurrido para defenderse ya que la ley les ampara.

Para finalizar los populares galdenses no logran entender como Teodoro Sosa puede sentirse tranquilo habiendo perdido parte del patrimonio municipal y dejando a los más desfavorecidos sin una vivienda social, que fue el único fin que motivó a ceder estas parcelas. Igualmente incomprensible es que aún no haya salido a dar explicaciones públicas después de que la subasta haya quedado sin licitadores, hecho que reviste de una gran importancia a este proceso. Para el PP es evidente, que los vecinos y vecinas de Gáldar no están dentro de la hoja de ruta del BNR/NC y así lo confirma la política del "silencio" instaurada dentro del seno de esta formación nacionalista.