Ya se sabe que el Gobierno nacional está en funciones, lo que no impide para que vele por la seguridad de sus ciudadanos en paises extranjeros, y más cuando esos ciudadanos están realizando un trabajo legal y fundamentalmente humanitario. Lo que han pasado los juristas españoles expulsados de Marruecos, entre ellos una letrada norteña, no puede quedar en un simple incidente, y el Gobierno español tiene que actuar, aunque se sepa de antemano, que eso sea mucho pedir.