Por estos lares isleños hay mucha necesidad de vivienda, pero no de la de las burbujas millonarias inmobiliarias, sino necesidad real de lo que es un derecho constitucional. Amparados en la crisis de la construcción, el Gobierno canario lleva años mirando para otro lado ante un grave problema, y mirar para otro lado está claro que no lo soluciona, por lo que deben arbitrarse medidas que sean efectivas y empezar a dar respuestas a las demandas primordiales de la ciudadanía.






























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