El Cabildo de Gran Canaria se ha convertido en la primera corporación insular en aprobar un Protocolo de Actuación frente al Acoso Sexual y al Acoso por razón de Sexo con el objetivo de evitar que su personal se vea inmerso en situaciones de esta índole.
Este decreto firmado hoy por el presidente de la corporación, Antonio Morales, se enmarca en un plan de actuaciones más amplio que será presentado en septiembre por la Consejería de Recursos Humanos que dirige María Isabel Santana.
"En primeros días de gobierno expresamos nuestra voluntad por disminuir el daño que el embate neoliberal ha producido en el derecho de los trabajadores, generar ilusiones porque podemos tener un proyecto de trabajo compartido, hemos tomado algunas medidas y esta es una de ellas", explicó el presidente y agradeció a los representantes sindicales y técnicos la colaboración y comprensión en la ejecución de las propuesta realizadas en este mes de mandato.
"El Cabildo de Gran Canaria proclama formalmente que rechaza todo tipo de conducta de acoso sexual o por razón de sexo en todas sus formas y modalidades", reza el decreto firmado por Morales, un texto "contundente y expresa la voluntad de afrontar con rigurosidad estas situaciones", apostilló.
Este novedoso Protocolo se difundirá a través de la intranet corporativa e incluye los recursos y procedimientos necesarios para prevenir, detectar y erradicar cualquier conducta que suponga acoso.
En el ámbito de la prevención, el Cabildo realizará acciones formativas e informativas de sensibilización y aportará las pautas necesarias para identificar estas situaciones y evitar que se produzcan, agregó la consejera. "Cualquier empleado o empleada tiene la obligación de poner en conocimiento de sus superiores jerárquicos los casos de posible acoso sexual o acoso por razón de sexo", recoge el Protocolo.
Una denuncia verbal o escrita ante la Consejería de Recursos Humanos iniciará un procedimiento en el que los técnicos valorarán la admisión de la denuncia, en cuyo caso se constituirá un Comité de Asesoramiento que recabará toda la información posible y emitirá un informe.
A tenor del informe, la Consejería de Recursos Humanos podrá decidir incoar un expediente disciplinario, toma medidas preventivas aun cuando la situación no sea considerada todavía acoso sexual, o archiva la denuncia.
El Cabildo prestará a las posibles vistas apoyo psicológico y asesoramiento jurídico, además garantizará, como no podía ser de otra manera, la estricta confidencialidad de la situación tratada, detalló Morales, quien considera que las administraciones tienen que ser "ejemplarizantes" y trasladará la propuesta a los 21 ayuntamientos.
El Protocolo ha sido consensuado con los delegados de prevención y es la continuación de otro documento aprobado en febrero de este año para combatir el acoso laboral.
El representante de los trabajadores, Manuel Morales, agregó que precisamente la falta de procedimiento y fórmula de denuncia ha impedido tener datos de la incidencia de estas situaciones en la institución insular, ni su resolución en el caso de los llevados a la vía judicial.
Una vez que el psicólogo de prevención Laboral e Igualdad realizarán el informe que recomendará las medidas en cada caso y el Cabildo prestará igualmente asesoramiento jurídico a las personas afectadas, que en cualquier caso pueden iniciar un procedimiento judicial de forma paralela o al término del expediente insular su término si no está conforme, concluyó María Isabel Santana, quien añadió que solo se actuará en caso de indicios.



























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