La biblioteca

Referirnos a la biblioteca, en genérico, es hacer alusión – al menos en la provincia de Las Palmas – a la Biblioteca Pública del Estado de Las Palmas de Gran Canaria. Desde su construcción, allá por la década de los noventa del pasado siglo (como gustan subrayar), se ha mostrado como el paradigma del despropósito. Su ubicación, en las inmediaciones de lo que fue en su día el muelle de Las Palmas (allá donde solía llegarse el poeta Domingo Rivero) en terrenos ganados al mar, motivó la indignación del vecindario. Argüían para ello la pérdida de visión. Estaban sus viviendas, antes de la construcción de aquella, lindando con la avenida marítima como único obstáculo entre estas y el sonoro Atlántico, que loase el poeta Tomás Morales.

La denuncia de una comunidad de vecinos, la del edificio cercano a dicha biblioteca, puso en marcha la lenta, pero certera, maquinaria judicial. Eso, en definitiva, desató una serie de idas y venidas a los distintos órganos jurisdiccionales, buscado el objetivo de evitar el derribo de la primera sentencia. Acabó en el Tribunal Constitucional, donde se obtuvo el último motivo de sonrojo, para quienes se empeñaron en su construcción y, de desesperanza, para quienes defienden el mantenimiento de la Biblioteca en su actual ubicación y estructura. De entrada, sin más trámite inadmite el recurso, dejando a quienes estaban convencidos sin el referido convencimiento, quizá tal como el que les iba a dar la mayoría para reenganchar un segundo mandato.

Todo este despropósito es el fruto de un modo particular de entender la actividad política. No gobernar, y sí mandar. La opción del ordeno y mando, fruto de otros momentos, donde hablar de democracia podía ser motivo de persecución. Así ha venido sucediendo allí por donde han ido dejando la impronta de su paso. Que conociendo la situación se empeñasen en continuar, para vernos en donde estamos ahora, resultaría un tanto sorprendente si no supiésemos de quiénes hablamos. A pesar de necesitar tan solo un botón para la muestra, son diversas y costosas las ocasiones en las cuales han marcado un modo muy particular de ver lo público. Han venido evidenciando, en una y otra ocasión, cuáles son sus maneras de gobernar, o mejor mandar, porque parecen entender de manera personal el cumplimiento de la ley, esa misma para la que no tienen empacho de exigir su observancia al resto.

Se plantea, parece que como último recurso, el expropiar los derechos vejados a quienes denunciaron. Claro, supondría la obligación del abono de una cantidad económica para compensar tal hecho. El dinero público dilapidado en indemnizar actuaciones erróneas, no solo sale de los impuestos de toda la ciudadanía que cumple con su deber de tributar, sino que impide se invierta en otras situaciones donde tan necesario se hace. Sobre todo, en las fechas de crisis por las que transitamos. En esta ocasión, sea de un modo sea de otro, también será de las arcas públicas de donde saldrá el dinero, bien para indemnizar a quienes se han visto mermados en sus derechos o, por qué no, para derruir la obra y, como quiera que es necesaria, volver a construirla de nuevo. Parece, paradojas de la vida, ahora sí con los parabienes legales, que eviten una situación como la actual.

Por último, hay algo a destacar, tanto en este como en otros asuntos similares. Me refiero a la responsabilidad de quienes, con sus arriesgadas actuaciones, provocan un daño, no solo económico sino incluso moral, pues resulta una afrenta para la población a la que dicen representar actuaciones de tal índole. En el caso comentado, por la posibilidad de perder un espacio cultural de primero orden como es una biblioteca, a pesar de las promesas de volver a reconstruirla. En eso pienso, en las responsabilidades de quienes actúan de modo tan poco escrupuloso. Sí, soy un poco ingenuo, lo sé.