La Justicia da un varapalo al PP y anula el cambio de horario de los bomberos de Gran Canaria

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Las Palmas de Gran Canaria ha anulado el acuerdo por el que el grupo de Gobierno del Partido Popular en el Cabildo de Gran Canaria cambió unilateralmente el horario de los trabajadores del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, al estimar la jueza que la Corporación municipal no negoció con los trabajadores este cambio y actúo, por el contrario, de espaldas a la legislación.

La sentencia viene a anular el acuerdo del Consorcio de Emergencias de diciembre de 2012 por el que se aplicó a los bomberos 73 guardias efectivas y la consideración como personal de especial dedicación, lo que suponía incrementar su horario laboral en 121 horas anuales. Contra el acuerdo, la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras Canarias interpuso demanda judicial por falta de negociación, al tener el derecho a ser convocados para negociar el cambio en la jornada laboral. Se da la circunstancia de que el Consorcio realizó este cambio de horarios en el curso de la huelga de los bomberos.

La sentencia señala que no hubo, por parte de los dirigentes del Consorcio, un auténtico y efectivo proceso negociador, por no haberse ofrecido con la antelación suficiente a los trabajadores y sus representantes la información que resultaba necesaria para permitir el debate entre las distintas propuestas y posiciones.

Esta sentencia tiene importantes consecuencias, pues anula otras resoluciones afectadas por la decisión del cambio de horarios, como las vacaciones y asuntos particulares. Asimismo, afecta a la futura sentencia sobre las condiciones de trabajo 2014 – 2017, pues en dichas condiciones se sigue manteniendo la jornada de 1.768 horas anuales y 73 guardias efectivas.

Con esta son ya cinco las sentencias favorables a los trabajadores del Consorcio de Emergencias que la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO ha ganado en los tribunales, siendo esta última la más importante por lo que afecta a la vida diaria de los trabajadores. Para el sindicato, este nuevo varapalo judicial vuelve a demostrar "el desprecio con que el Partido Popular del Cabildo de Gran Canaria ha tratado a los trabajadores del Consorcio y a sus representantes".