Sin contestación

De la entrada en vigor de la nueva ley, inspirada al parecer en la de vagos y maleantes, poco se ha escuchado. Es como si hubiésemos llegado al lugar donde siempre nos quisieron: la resignación. Cada cual lo puede asociar con el adjetivo que le corresponda. Busca, la nueva ley en vigor, el silencio. Olvidan, que el silencio siempre acaba siendo cómplice de la injusticia. Digo lo del olvido porque muchas de las campañas publicitarias, abonadas con fondos públicos, intentan evitar la complicidad del silencio en diversas situaciones. Llámese, por ejemplo, la lamentable violencia contra las mujeres. Insisten en la necesaria intervención para acabar con dicha lacra. Sin embargo, en determinados ámbitos, es el silencio lo buscado. Impiden la denuncia de situaciones vergonzantes para cualquier sociedad civilizada.

Llaman la atención algunos aspectos de la norma. Me refiero a aquellos relacionados con las actuaciones de la policía. La prohibición de grabar actuaciones policiales, como a nadie se le esconde, no busca mejorar la eficacia de aquellas. Ni siquiera, salvaguardar identidades por motivos de seguridad, tampoco cumplir con la protección de datos de carácter personal. En la mayor parte de las grabaciones suele impedirse la identificación de los actores y, en cuanto a la eficacia, nada pone en riesgo a la misma pues, las actuaciones, no van encaminadas acciones futuras. En resumidas cuentas, que si buscan la ausencia de imágenes algo les motivará a ello. Basta con observar las múltiples imágenes de tales actuaciones, en muchas de ellas se puede comprobar qué les induce a prohibir su difusión.

Otra de las causas de las fuertes sumas de dinero que supondrán algunas de las multas se concreta en un motivo cargado de bastante subjetividad. Recordemos, se trata de sanciones administrativas, con lo cual no media la intervención judicial, capaz de dirimir dónde se comete esa "falta de respeto", susceptible de ser sancionada. Quien valorará tal circunstancia, acaso juez y parte, será la propia policía. Es cierto, en cualquier expediente de esta naturaleza aparece la figura de quien lleva a cabo la instrucción, si bien ha de proceder a adoptar decisiones con la información suministrada por, adivinen quién, la misma persona ofendida por esa supuesta falta de respeto. De no ser tan importante, este asunto podría causar hilaridad.

La nueva ley, en apariencias para defender nuestro derecho a la manifestación, aprovecha la ocasión para legalizar (hacer que forme parte de una ley) algo no legalizable – sí, terrible contradicción – pues son muchas las normas a derogar para lograrlo. Quizá, también con ello, no se trate sino de dar visos de legalidad a algo que ya se viene haciendo: las tristemente famosas devoluciones en caliente. Es decir, previo apaleamiento, devolver a los inmigrantes cogidos en la frontera al país de procedencia, Marruecos claro.

De defensas de derechos, con normas impulsadas por gobiernos del PP, ya sabemos algo. Para defender el trabajo se veían obligados a modificar la normativa laboral. Lo hicieron, con las consecuencias conocidas. Ahora, a pesar de lo dicho por de Guindos, la gente teme perder el puesto de trabajo. Un miedo no verbalizado, tan fuerte, que acaba paralizando a quienes lo padecen. Porque, a pesar de ese alarido mediático de la Ministra de empleo, donde expresaba con toda la frialdad que le caracteriza: la recuperación se ha producido, como quien anuncia churros evitando que se enfríen, las penurias continúan infiltrando el tejido social sin demora.

También, recordemos, la dimitida Ministra de sanidad nos anunció la universalización de la atención sanitaria. Pregunten a quienes se quedaron sin la referida asistencia o, no nos olvidemos, a quienes se han visto obligados a buscar trabajo en el extranjero. Con su llegada comprueban su desaparición de la afiliación del Servicio Nacional de Salud.

Por eso, ahora cuando nos toman por enésima vez el pelo, diciéndonos que su interés es la defensa del derecho a manifestación, no buscan sino evitar la contestación, silenciar todo aquello que pueda ser incómodo o inapropiado con sus intereses, no coincidentes claro está con el manoseado interés general.