La Ley de Aguas de Canarias 12/1990 es claramente "anticonstitucional”, según dictamina un estudio jurídico elaborado por un grupo de expertos nacionales en derecho constitucional y medioambiental. A ellos se suma que distintos colectivos piden su derogación desde hace décadas. Para muchos no es una buena ley, y lo normal sería cambiarla para garantizar la supervivencia de los recursos hídricos isleños.





























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