El Gobierno de Canarias deberá abonar 45 millones de euros como consecuencia de una sentencia del Tribunal Supremo de 2014 referida a la construcción de un hotel en el sur de Gran Canaria que no se permitió en los años ochenta y por el que la propiedad inició un litigio en 1986. Por las cosas que se hacen mal, pagamos todos.




























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