Es lo que pasa

Dos empleadas de residencias de mayores, ambas sin vacunar frente a la COVID-19, se niegan a someterse a pruebas periódicas para la detección del virus. Una de ellas, que ejerce en Pontevedra, es despedida. A la otra, que trabaja en la isla de Lanzarote, se le suspende de empleo y sueldo durante 17 días. En el primer caso, la justicia avala la decisión empresarial y niega que se hayan vulnerado derechos fundamentales de la demandante. En el segundo, da la razón a la gerocultora y revoca la sanción impuesta por el centro sociosanitario al entender que lesiona, entre otros, su derecho a la integridad física o a la igualdad frente a otros empleados.  Es lo que pasa con la justicia en este país, que donde dice blanco dice negro y así no se entiende.