El empresario Miguel Ángel Ramírez ha recurrido en los tribunales el decreto del Cabildo que desestimó su reclamación de responsabilidad patrimonial por los daños y perjuicios que sufrió al ser «condenado injustamente» por un delito contra la ordenación del territorio por «considerarse no autorizables unas obras que finalmente han resultado plenamente legalizables» en su finca de La Milagrosa. Reclama casi seis millones de euros a las arcas insulares. Son 5.952.368,46 euros más intereses. Y casi seguro, que se lo pagarán.




























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