El Gobierno de Canarias remitió este lunes al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) el acuerdo del Consejo de Gobierno del Ejecutivo regional por el que se regula el uso del certificado COVID en establecimientos y espacios de uso público para conseguir su aval, algo que el presidente del Ejecutivo, Ángel Víctor Torres, confía obtener. Visto lo visto nos da que la decisión judicial volverá a ser un no contundente, y tan pancho que se quedará la alta instancia judicial isleña.






























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