Denuncian el inminente desahucio de 28 familias en Sardina de Gáldar

La denominada comunidad La Marisma, en la que habitan unas 28 familias, en una urbanización abandonada en Sardina de Gáldar, se enfrenta a un desahucio inminente.

Así lo denuncia el Sindicato de Inquilinos de Gran Canaria, que en rueda de prensa informó que 72 personas, entre ellas 32 menores, están en serio riesgo de quedarse en la calle.

La comunidad La Marisma esta ubicada en una urbanización en la zona costera de Sardina de Gáldar, a la que llegaron casi 30 familias el pasado mes de enero (2021).

Se trata de familias de clase trabajadora, sin recursos, supervivientes de varios desahucios anteriores y con una situación económica y social agravada por la crisis. Estas familias, dada su situación, buscaron por portales y redes sociales alquileres económicos. Contactaron con un supuesto promotor de viviendas que les facilitó las llaves a cambio de un adelanto de 100 euros por familia. Hecho el intercambio, el promotor desapareció y se volvió ilocalizable y ya no pudo formalizarse contrato alguno de arrendamiento.

Desde el Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria entienden que estas familias son víctimas de una estafa inmobiliaria. Actividad que señalan, se ha disparado en estos tiempos de pandemia.

También se informa que meses después,  cuando ya habían conseguido adecentar las viviendas y hacerlas habitables, personal de Building Center y Coral Homes, empresas pantallas de la Caixa, iniciaron acciones para que abandonarán las viviendas, y al no conseguirlo, Coral Homes ha iniciado la vía procesal para echarlos a la calle.

El próximo quince de junio ocho de las familias se enfrentarán a un juicio que se prevé que acabará, al no poder demostrar “justo título”, con un inminente proceso de desahucio. Otras tantas ya han sido notificadas como “ocupantes ignorados” para comparecer en juzgados. 

Desde el Sindicato de Inquilinos de Gran Canaria se exige al Ayuntamiento de Gáldar, al Cabildo de Gran Canaria, al Gobierno de Canarias y las distintas instituciones públicas que dejen de arrastrarse ante los poderes financieros, no escurran el bulto y busquen una alternativa habitacional para estas familias.