Los pequeños propietarios rehenes de la política social del gobierno sociocomunista: los paganinis de los okupas

Ante el impago del arrendamiento o la ocupación de nuestras viviendas, los pequeños propietarios entramos en un entramado legislativo que favorece al okupa,  las empresas de seguridad, a los abogados, a los antisistemas y supuestos marginados sociales.

La labor social del gobierno es justa y necesaria, teniendo que estar reflejada en los presupuestos del Estado. Con el dinero de los contribuyentes se deben crear las condiciones para cubrir las necesidades básicas de los que viven en una situación social vulnerable.

Hasta ahí pocos son los contrarios al cumplimiento constitucional de favorecer el derecho a la sanidad, a una vivienda digna, educación y alimentación sana y nutritiva.  

Lo que no admitimos que el gobierno y el poder legislativo favorezcan unas leyes que generen confusión entre los miembros de la seguridad del Estado y el poder judicial. 

El PSOE y Podemos con el decreto de desahucio incrementa el malestar de los pequeños propietarios, al pretender legislar y no asumir el gasto de su política social. No estamos protegidos por las instituciones del Estado y somos rehenes del decretado.  

Las mafias y los okupas, van por delante de la ley, utilizando todos los recodos e interpretaciones para invadir el derecho constitucional a la propiedad privada.

El decretazo dice que no es necesario un contrato de alquiler. Las mafias ocupan las viviendas, realizan una transferencia al propietario, para ello se han informado previamente del IBAN de la cuenta corriente, justificando con ese envío la legalidad de la ocupación.  Durante más de un año, tendrá que pagar agua y luz, al abogado, al procurador, .., temiendo que se le abra un delito penal por coacciones, ante la denuncia del okupa-inquilino por cortes de agua o luz.

De la misma forma, considera que los okupas serán desalojados ante un hecho violento. El cambio de un cilindro con un taladro y un destornillador es una actividad profesional,  no violenta. Superando los 8000€ los gastos para el desahucio,  después de un mínimo de un año de nervios e impotencia del propietario.

Si los okupas tienen niños pequeños, en las primeras horas de la ocupación,  la policía no actúa por la vulnerabilidad social. De la misma forma, no deberían detener a un asesino que tenga un hijo a su cargo.

Los pequeños propietarios somos rehenes de la política social del gobierno,  pagando de nuestro bolsillo el alquiler, el agua y la luz, el procedimiento de desahucio, el estado de alarma, las dietas de los políticos que nos machacan. La memoria es corta, pero esperamos que nos duren cuatro años y demos un vuelco electoral.