La Fiscalía General del Estado sigue dando cuenta del número de diligencias penales abiertas por sus delegaciones en toda España por posibles delitos relacionados con la gestión de las residencias de ancianos durante la pandemia por COVID-19, que ya superan las 220, una de ellas en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Sin lugar a dudas hay mucho que investigar en este asunto, y hay que hacerlo hasta el final y sin tapujos.
























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