Vivimos tiempos de incertidumbre, un tiempo en el que tenemos que convivir con el miedo y la inseguridad. En el que la ciudadanía en demasiados lugares parece tener en sus gobernantes a sus peores enemigos al pisotear sus derechos y agredir el medioambiente con total impunidad.

Dos consecuencias más de este nuevo ciclo que nos toca vivir han sido la destitución/renuncia de las consejeras de sanidad y educación del Gobierno de Canarias.

Presiones internas y externas a ambas consejerías consiguieron mostrar como inevitable el reemplazo de ambas políticas debido a su gestión de la crisis en sus respectivos ámbitos. Las dos fueron sustituidas por hombres con probada experiencia, según decían quienes los promocionaron. Sindicatos, partidos, empresas, confederaciones de familias exigieron estos cambios ante una situación que consideraban insostenible.

A la vista de lo acontecido, la improvisación, la imprecisión, la falta de material parece haber sido el denominador común en la respuesta de todas las consejerías homólogas del Estado ante esta emergencia para la que no había manual de instrucciones. No parecen convincentes, por tanto, las acusaciones a estas dos responsables en este punto, al poder ser compartidas tan ampliamente por cualquiera en su lugar. Es más, la gestión que hizo la consejera de sanidad para pedir por primera y sorpresiva vez el aislamiento de un hotel entero ha sido felicitada ahora como una medida ejemplar para frenar el contagio. Y por otro lado, lo que parecía tan inadmisible que era la falta de concreción en las instrucciones a seguir en los centros educativos, que incluso provocó algún amago de renuncia, sigue más o menos en el mismo punto donde estaba después de los cambios habidos. Evidentemente, el malestar que despertaban estas consejeras no nacía de sus más o menos desafortunadas actuaciones durante el período crítico. ¿Qué se quería cambiar, o más bien no cambiar, con sus destituciones?

El cuidado de una sanidad y educación públicas y de calidad, sobra decirlo, justificaría un gran pacto de sindicatos, partidos, empresas y sociedad en general que transforme su preocupante realidad en nuestras islas. Emprender un plan de fortalecimiento de estos servicios públicos que perdure a largo plazo supone, por supuesto, ir más allá de intereses partidistas y corporativistas. Un verdadero compromiso global para hacer frente a la incidencia de poderosos grupos que sabemos pueden forzar la apertura de centros comerciales o la reapertura del tráfico aéreo aún cuando sentimos temor a volver a meternos en un aula.

Para ese gran acuerdo es necesario que cambien muchas cosas, claro está. Lo primero podría ser un cambio de discurso por parte de todos los agentes implicados e indignados para exigir valientemente los recursos necesarios que se pueden encontrar, sin ir más lejos, en el imparable gasto militar y así la asistencia sanitaria podría prevenir eficazmente más que solo mal contener lo que hay que curar. O exigir una reestructuración racional de los currículos acorde a un aprendizaje para la vida, o dar respuesta a las brechas invisibles implementando en los centros perfiles profesionales que consigan atender a familias y alumnado desde un concepto amplio de educación, o denunciar las agresiones a la educación en valores que se perpetran con el fomento del consumo masivo y el discurso del odio hacia las víctimas de la desigualdad, o dejar de comportarnos como clientes para ejercer de ciudadanía.

Pero, nada parecido a esto se ha esgrimido como razón de los cambios provocados. ¿Tal vez se equivocaron estas consejeras más que cualquier otro u otra en sus respectivas áreas de gobierno? ¿Han sido más negligentes o menos obedientes?¿Por qué molestan estas mujeres con criterio?

Por lo que se ha visto sus miopías y sus propuestas no pudieron agradar a todo el mundo. Nada nuevo en el escenario político, pero ahora ruedan cabezas para regocijo del ansioso público. Una vez más esas ​ casualidades ​ en la diferencia de trato expresan también un desequilibrio de género que puede pasar desapercibido a navegantes que reman a favor de la corriente.

La poca credibilidad del sistema representativo se debilita aún más con este tipo de actuaciones que se han producido. Sabemos que el fortalecimiento de los derechos básicos lo hacemos y lo seguiremos haciendo, implicándonos en su consecución de otras tantas formas. Pero, esta fragilidad de las instituciones democráticas en los tiempos turbulentos de postverdad en los que nos encontramos y que permite espectáculos como estas destituciones nos hace cómplices, tal vez sin ni siquiera percibirlo, de la peligrosa dinámica de proponer cambios que no cambien lo que tiene que cambiar, para seguir perdiendo. Perder a personas que anteponen el cuidado de la vida a la acumulación de capital es algo que no podemos o no deberíamos permitirnos, es evidente en estos tiempos de cambio que se nos va la vida en ello. Reflexionemos.