CCOO exige la convocatoria de la mesa sectorial para clarificar los criterios de la desescalada en el ámbito educativo

El sindicato reclama que los criterios para la desescalada no han sido negociados con las organizaciones sindicales representativas del profesorado.

CCOO comparte que la vuelta a la actividad lectiva presencial se produzca en septiembre, pero entendemos que las excepciones que se han regulado pueden dar pie a algunas CCAA a interpretarlas de forma abusiva.

En todo caso, para el sindicato las decisiones que finalmente se tomen tienen que estar presididas por la protección de la salud del profesorado, del alumnado y del personal de administración y servicios. Desde este punto de vista, instamos a la Consejería de Educación a negociar con las organizaciones sindicales representativas un Plan Integral de Prevención frente al Covid-19 que contemple todas las medidas necesarias para garantizar la salud de todos los presentes en los centros educativos, desde al acceso a las pruebas diagnósticas, pasando por la dotación de equipos de protección individual (EPI), por las medidas que permitan mantener el necesario distanciamiento… 

Para CCOO algunas de las medidas anunciadas por el Gobierno Central tienen más que ver con la conciliación que con la educación. Especialmente llamativo resulta el caso de Educación Infantil, etapa en la que el Gobierno Estatal ha previsto que se acoja en los centros educativos al alumnado cuyos progenitores acrediten que tienen que trabajar presencialmente. Se trata de una medida claramente orientada a la conciliación, que deja de lado el carácter educativo de la etapa, pero que además puede poner en riesgo la salud de profesorado, alumnado y personal de apoyo, ya que en esta etapa resultará especialmente complicado garantizar las medidas de protección para evitar el contagio. Uso de mascarillas, higiene de las manos, evitación del contacto físico y mantenimiento de la distancia de seguridad, entre otras, son cuestiones difíciles de garantizar a esas edades.

La formulación hecha también por el Gobierno Central de que podrán asistir a los centros los estudiantes especialmente vulnerables de cualquier curso requiere de un mayor detalle, de lo contrario puede convertirse en un criterio laxo que permite una enorme amplitud de interpretación.

En este sentido, CCOO entiende que la vuelta del alumnado de los centros de Educación Especial no puede quedar sujeto exclusivamente a la voluntariedad de las familias, si previamente no ha existido una planificación y evaluación de la actividad que garantice una adecuada atención.

CCOO entiende que no se puede preparar el curso en Canarias sin la participación de las y los representantes del profesorado. 

Por otro lado hay que abordar una reflexión sobre tiempos y espacios escolares que nos permita atender a la evolución de la pandemia. Todo ello va a exigir incrementar las plantillas de los centros educativos y los recursos materiales, lo que es tanto como decir que hay que hacer de la educación una prioridad política y presupuestaria.