La emergencia sanitaria ante la que nos encontramos exige de un esfuerzo importante de toda la sociedad para combatir al virus que azota nuestro país de una forma dolorosa y sin precedentes.
Los Jóvenes Empresarios de Canarias entendemos perfectamente que el parón que sufren nuestras empresas, por cierre o por reducción de la actividad, está contribuyendo en esta lucha contra el Covid-19 y eso nos consuela enormemente.
Más allá de la urgente cuestión sanitaria, es obvio que esta situación pone en jaque a la economía mundial, afectando especialmente a España y, muy concretamente, a Canarias. O se toman las medidas necesarias ahora o destruiremos de forma irreversible gran parte del tejido productivo de nuestra región y de nuestro país. En este sentido, lamentamos señalar que las recientes decisiones del Gobierno de España desatienden de forma grave esta realidad.
Por eso, como agentes económicos de la comunidad canaria, pedimos al presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, que ejerza su papel de interlocutor con el Gobierno de España para que dé marcha atrás a medidas contraproducentes para el futuro del empleo, como la decisión unilateral de prohibir los despidos, que, lejos de beneficiar a los trabajadores, llevará a muchas pequeñas empresas a cerrar para siempre.
También resulta urgente que se decrete la exoneración de cuotas a 3,2 millones de autónomos. Por eso pedimos al Gobierno de Canarias que haga suya esta demanda y defienda a los cerca de 130.000 autónomos del Archipiélago, entendiendo que no es lógico que se pague una cuota cuando no se está ingresando nada, como consecuencia de las necesarias restricciones derivadas del estado de alarma.
El Gobierno de Canarias también puede y debe adoptar medidas paliativas para aliviar la situación a la que nos enfrentamos muchos empresarios y, con especial vulnerabilidad, muchos jóvenes empresarios. Pedimos que se tome el ejemplo de otras comunidades autónomas, que han creado programas de ayudas para autónomos en dificultades.
Otra de las posibilidades que tiene el gobierno autonómico en el marco de sus competencias es la de agilizar la respuesta a las empresas que solicitan acogerse a un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE). Pedimos que se sea flexible ante las posibles inconcreciones que la normativa presenta en un momento tan excepcional como este y que se respete, como no puede ser de otra manera, que el silencio administrativo posterior a los cinco días se considera estimatorio. Recordamos que el ERTE es el principal mecanismo para salvaguardar el empleo una vez levantado el estado de alarma.
Nos gustaría terminar ofreciendo al Gobierno de Canarias y al conjunto de instituciones la total colaboración de AJE para apoyar allí donde podamos ser útiles.
Estamos seguros de que saldremos mejor de esta difícil encrucijada si todos remamos juntos y en la dirección correcta.






























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