La convocatoria de elecciones el 10 de noviembre tiene lugar en una situación de desánimo del electorado de izquierda, espoleado en abril ante el peligro de crecimiento electoral de la extrema derecha y la posible victoria del trifachito, como ocurrió el 2 de diciembre de 2018 en las elecciones autonómicas andaluzas.
Los resultados del 28 de abril abrieron la expectativa de la formación de un gobierno de izquierda.
Las negociaciones entre PSOE y Podemos, por el contrario, han conducido al desánimo del pueblo de izquierda.
Concesión tras concesión de Podemos -al debate de programa, a tener ministerios de Estado, (Defensa, Exteriores, Interior, Justicia, Economía, Hacienda) donde se aplican las políticas de Estado, a la presencia de Pablo Iglesias en el Gobierno-, el PSOE ha respondido con ofertas que variaban de un día al otro, sometiendo a Podemos a un debate sobre competencias para luego acusarle de pretender solo ocupar espacios y querer competencias. Podemos llegó a hacer la concesión de no cuestionar las decisiones sobre Cataluña, que quedaban al margen de la negociación. En julio el PSOE ofreció una vicepresidencia y tres ministerios, con competencias limitadas, rechazadas por Podemos ante la expectativa de forzar negociación en septiembre.
Sin embargo, en septiembre el PSOE ha preferido convocar elecciones a presentar su candidatura encabezando un gobierno de coalición apoyado por nacionalistas vascos y catalanes. Un último intento de Podemos, ofreciendo coalición para aprobar los Presupuestos Generales de 2020 aceptando la posibilidad de quedar luego fuera apoyando al Gobierno del PSOE desde el Parlamento, fue rechazada por el PSOE. Así, sin candidato, el 13 de septiembre se convocan las elecciones.
Como los hechos han demostrado, el PSOE no quería un gobierno de coalición, sino un cheque en blanco para retornar al bipartidismo, superar la crisis política mediante la recentralización del Estado y recuperar su papel como uno de los pilares del régimen del 78. Para ello necesita debilitar a su “aliado preferente” y formar Gobierno en solitario o con el apoyo de Cs y la abstención de PP.
La nueva convocatoria sirve para continuar la misma estrategia: bipartidismo, unidad del Estado, Constitución, monarquía.
Podemos no es responsable del fracaso de las negociaciones, pero sí de ayudar al PSOE a aparecer como garante de reformas sociales en beneficio de la mayoría. Contribuye a dar esa imagen al partido de la reconversión y el desmantelamiento industrial, de la permanencia en la OTAN, del GAL, de la negativa al reconocimiento de derechos nacionales, de las medidas de austeridad frente a la crisis, de la reforma del artículo 135 de la Constitución Española para garantizar como primera obligación del Estado el pago de la deuda pública, por delante de cualquier otra prioridad, o de la aplicación del artículo 155 contra las instituciones catalanas, con la que amenaza de nuevo ante la expectativa de protestas masivas por la sentencia del “Procés”.
En ese camino para llegar al Gobierno, Podemos ha renunciado a sus propuestas impugnadoras, a cualquier proyecto constituyente. Su propósito, gobernar a las órdenes del PSOE.
En Canarias, tras las elecciones autonómicas, insulares y locales de mayo, nos encontramos con un gobierno supuestamente progresista, presidido por el PSOE, en el que, tras la promesa de crear la Renta de Ciudadanía, de combatir la exclusión y la pobreza, nos dicen que por ahora, ni pondrán en marcha su limitada reforma fiscal, ni aplicarán la Ley de Renta de Ciudadanía, de texto desconocido, hasta el final de la legislatura.
Lo justifican diciendo que han “descubierto” que el anterior Gobierno había aprobado unos presupuestos de ingresos menores a los previstos, por la reducción del Impuesto General Indirecto Canario, y de gastos superiores por el acuerdo sobre reducción del horario de trabajo de los empleados de Sanidad y Educación.
En estas elecciones, el Partido Socialista Canario-PSOE pretende ganar para realizar la política que promueve el empresariado para afrontar la crisis que se avecina, reduciendo prestaciones, endureciendo la legislación laboral, manteniendo las reformas del sistema de pensiones y la Ley Mordaza.
Frente a este sombrío panorama se alzan nuevos movimientos: contra el cambio climático, contra el patriarcado y por los derechos de las mujeres, por las pensiones y la defensa de los bienes públicos. Son nuevos movimientos que responden a la crisis del sistema político y social.
Construir la resistencia, apoyar el agrupamiento de la mayoría social por los derechos comunes, por una economía al servicio de las necesidades sociales, que revierta la marcha al desastre ecológico es la tarea a la que nos comprometemos. Por a la construcción de un bloque social en defensa de los derechos a la salud, a la educación, al trabajo, a la vivienda, a una vida digna.
Por ello, desde Anticapitalistas proponemos abordar las próximas elecciones en torno a estos ejes:
- No gobernar con el PSOE, principal garante de este orden injusto.
- Defender un programa que responda a las reivindicaciones del feminismo, del ecologismo, de democracia radical: por la derogación de las reformas laborales, de las pensiones, de la Ley Mordaza; reconocimiento del derecho de los pueblos a decidir su destino.
- Reclamamos medidas urgentes ante el cambio climático.
- Queremos la planificación democrática de la economía, para satisfacer necesidades colectivas. Por un régimen fiscal que garantice que paga más quien más tiene. Por una Banca Pública. Por la Nacionalización de las eléctricas con control social.
Llamamos a la formación de candidaturas de la izquierda, democráticas, donde quepan todas las sensibilidades, dentro de un programa de mínimos comunes.
Instamos a Unidas Podemos, la principal formación a la izquierda del PSOE a tomar ese camino.
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