Una democracia inmadura con la discapacidad

Pensamos que nuestra democracia por el mero hecho de alcanzar los cuarenta es suficientemente madura y no caemos en la cuenta de que el Parlamento en numerosas ocasiones se asemeja más a un patio de colegio a la hora del recreo que el lugar idóneo en el que nuestros representantes políticos elegidos democráticamente defienden su labor de diputados y diputadas en sus respectivos escaños con el único afán de proteger nuestros derechos.

La excelsa modernización de nuestra sociedad según balances oficiales servidos a la opinión pública, nos define como una sociedad moderna, aparentemente fuerte y con un sentido de la solidaridad y el orgullo por estar entre los líderes mundiales con relación a la discapacidad que me indigna tanto como ofende. Las barreras arquitectónicas, la movilidad en el transporte público, los obstáculos en las vías públicas, la falta de accesibilidad a los organismos, la carencia de medios audio visuales en los hospitales o salas de urgencia y el enfoque interesado en ciertos momentos que lanzan empresas punteras con el único interés de aparentar empatía para con el colectivo de discapacitados son una muestra más de que nos queda mucho por hacer para sacar pecho en nuestras conclusiones.

La tasa de actividad de las personas con discapacidad de la Comunidad de Madrid se dispara desde 2014 según datos pregonados por la Administración. El 43,6% de los adultos en edad de trabajar de este colectivo participa en el mercado laboral. Un balance extraordinario de eficiencia por parte del gobierno autónomo del que, sin embargo, disiento notablemente y me atrevo a diferir del mismo con libertad, sin escatimar para ello fundamentos que me otorgan la razón a mi pesar.

No sé de dónde salen las estadísticas que afirman tan rotundamente una cifra a todas luces exagerada si vemos la marginación salarial de este colectivo, idealizado como trabajadores y trabajadoras concienzudas en sus cometidos laborales a cambio de un sueldo más que significativamente inferior en relación a un trabajador excluido del colectivo reseñado. Del mismo modo que las oportunidades para demostrar la valía de la que son portadores es ínfimo, atribuible tan solo a una pírrica excepcionalidad de algún empresario o la aportación desinteresada de pequeñas asociaciones privadas.

Me gana el escepticismo, es superior a la incredulidad y va más allá de la ignorancia, no es que mi deseo sea el de no creer en las cuestiones que me interesan, es todo lo contrario, me cuesta convencerme de una situación que percibo, vivo, presiento y conozco que es muy distinta a esas rotundas afirmaciones de que el 43,6% de las personas con discapacidad entre 16 y 64 años de la Comunidad de Madrid (unas 80.000) participan en el mercado laboral, según las últimas cifras del INE, referentes a 2016. Y si para elaborar estos datos se han tenido en cuenta aquellas personas inscritas en las listas del INEM más a mi favor, el hecho de que lleve más de diez años en esa situación me da pleno derecho a diferir notablemente de estos extraños números. Las oportunidades no se dejan pasar, simplemente no llegan ni tan sólo a presentarse; sin una sola entrevista, llamada, correo o iniciativa que me permita un puesto de trabajo en un mercado laboral carente de solidaridad por más que lo que dicen expertos digan.

Porque nos guste o no, duela más o menos, nos moleste de manera diferente o estemos en desacuerdo a pesar de la realidad de un hecho tan manifiesto, la discapacidad no es un problema el problema es la sociedad que no admite los conocimientos de quién cree es su inferior.