¡Colectivos sociales comienzan a estar hartos de tanta mentira!

Desde la humildad, tratando de entender por ingenuidad y no por ignorancia el porqué de la situación que personas con algún grado de discapacidad atraviesan, pretendo con la escritura mantener la dignidad que les acompaña y los valores de los que deseo hacer partícipe a quién lea estas líneas. Me permito con la licencia oportuna, resaltar una de las decenas de demandas que recojo de mi entorno y así, con absoluta fidelidad, muestro a continuación.

Un grave deterioro se vislumbra en la sociedad, un escenario de dificultades dentro de un esperpéntico guion repleto de desventajas patentes a las que se quieren dejar aisladas en un ostracismo de libertinajes políticos con promesas falsas. Esta circunstancia que se perpetúa ya diez años, es una mezcolanza de sensaciones variopintas, rayanas en lo insólito y próximas a la desconfianza más absoluta en las administraciones privadas, organismos públicos o entes fundacionales creadas para favorecer al crecimiento de una sociedad sostenible, plural, objetiva y en un continuo progreso de sus aspiraciones solidarias. Un panorama creciente de desarraigo social en el que el protagonista de estas líneas que espero sigan leyendo se encuentra atrapado.

Y es que mi confusión es enorme, intento creer que la ley es defensora acérrima de los derechos a los que tenemos acceso y, por el contrario, son esas mismas leyes las que no encajan entre sus normas, las que deriven en un acercamiento a la realidad del problema de las personas con discapacidad en un mercado laboral cuyos datos falsean al gusto del redactor de la famosa Encuesta de Población Activa (EPA), con el visto bueno del Gobierno que mantenga el poder en cada momento que decidan exponerlas para información de la ciudadanía.

Estos hechos no son nuevos, ni tomados de prerrogativa propia por parte de un Gobierno venido de una moción de censura, ya en la odisea social sufrida bajo la imposición del anterior gobierno con su máximo representante Mariano Rajoy (PP), veníamos sufriendo una constante demolición de derechos dentro de un colectivo del cual formo parte, atrapado en una onda expansiva producto del desajuste del bienestar social y la pérdida de poder adquisitivo de la ciudadanía; afección que se hizo extensible con la falta de recursos en las entidades creadas al efecto de dar cobijo y amparo a la discapacidad.

Se prioriza demasiado el favoritismo a la hora de generar puestos de trabajo, cuestionándonos que sin experiencia, la competitividad de nuestros mercados siempre estará expuesta a una falta de conocimientos limitados a la formación de los y las generaciones salidas de los centros universitarios. Es lamentable que la circunstancial demanda de empleo haga trizas las posibilidades de nuestros jóvenes en adquirir experiencia desde su salida del centro de formación, de la mano de un buen y reconocido benefactor del que sacar tales conocimientos, necesaria para afrontar con solvencia los problemas de cada sector en un futuro que se nos acerca imperturbable y se me antoja impredecible.

Es hora de expresar el verdadero sentir que me invade desde hace ya diez años, momento en el cual pasé a formar parte de las largas listas del INEM que por aquel entonces ya comenzaban a aumentar sustancialmente en número de solicitantes de empleo. Empezó a partir de ese momento mi peregrinaje, un camino repleto de obstáculos que iban impidiéndome progresar hacía el futuro y en el que en numerosas ocasiones topaba con alguna piedra en el recorrido, demasiado pesada a veces para quitarla de en medio por mí mismo; una insólita apariencia de ayuda intentaba empatizar con mi demanda venida de personajes creados para servir de escudo a las peticiones de los ciudadanos y ciudadanas discapacitados en la misma situación en la cual yo me encontraba, verdaderos ingenios disfrazados de solidaridad que se quedaban tan sólo en humo quebradizo en un aire contaminado por la falsedad acumulada.

No sé el porqué de tanta mentira y el engaño en el que nos tienen inmersos, reflejado en una desidia imperdonable hacia las personas con discapacidad por mucho que quieran esconder el problema bajo un prisma indecoroso en el que se permiten representar con palabras solidarias; una demagogia falsa que sigue abocada a la representatividad que determinen en su propio beneficio.

Llevo ya más de tres años consecutivos, sin tomar en cuenta los anteriores a sumar desde el primer sellado de mi demanda de empleo, perseverando en él envio de datos, expedientes curriculares, perfiles de conocimientos y capacidades personales a cientos, usando el correo electrónico, llamadas telefónicas, mensajes, redes sociales, plataformas oficiales y cualquier herramienta incluso postal, que me sirviera para reclamar a todos y todas las que dicen estar comprometidos con la integración laboral de personas con discapacidad. El pasado año llegué a la cifra de más de trescientos correos sin que salvo raras excepciones alegando imposibilidad o carencia de un puesto definido a mi perfil que contestaron diligentes, las que podríamos catalogar como punteras, las grandes empresas del Ibex 35 y fundaciones a decenas, parecen haberse quedado mudas y sordas a mis plegarias; incluso la administración pública sabiendo de mi expediente curricular, nunca se molestó en hacerme una propuesta, ni tan sólo descolgó el teléfono o presionó displicentemente la tecla Enter con el propósito de mantener un contacto conmigo a pesar de mi larga espera (DIEZ AÑOS) dos lustros largos de mi existencia en las listas del INEM.

Mientras esto ocurre ahora, el Grupo Banco Santander, uno de los afortunados cuando por iniciativa del Gobierno anterior nos vimos en la obligación de padecer el rescate a las cajas, obtiene unos beneficios cercanos a los 8000 millones de euros, o lo que es lo mismo, un beneficio próximo al veinte por ciento con respecto al ejercicio 2017, con su fundación en la ciudad financiera de Boadilla del Monte (Madrid) entre las mejores de una lista de la que no muestran el más mínimo decoro a la hora de decir que es una de las mejores en integración laboral de personas con discapacidad, junto con La Caixa o BBVA entre otros, es decir, entes financieras con beneficios sustanciales y proyectos ostentosos que manejan intereses legítimos pero injustos en está ocasión, al perseverar en inyectar inversión fuera de nuestras fronteras, mantener “sus fundaciones” al servicio de pretendientes anónimos y sin ningún género de dudas, sacar lustre a su solidaridad en actos premeditados, usando cualquier integrante del colectivo de discapacidad como reclamo de su compromiso.

Mi paciencia se acaba, mis familiares, amigos y amigas, compañeros y compañeras del colectivo y algún que otro experto en mesura como he sido yo en todos estos años, no son ajenos a mi malestar. Es obvio que habrá decenas de personas en la misma situación que yo, incluso más necesitadas tal vez de un puesto de trabajo, pero de lo que no cabe duda alguna, es de que mi empatía, mi saber hacer en relaciones sociales, mi enfoque optimista de las cosas y mis conocimientos profesionales, no son motivo de mantenerlos en el olvido, como mis propuestas de salario a la hora de contratar mis servicios. Los valores personales y humanos adquiridos a lo largo de mi vida me hacen poseedor de un tesoro inmenso de experiencias, vivencias que sin embargo no tienen en cuenta dentro de un mercado empresarial novedoso motivado por el progreso de una sociedad a la que le queda mucho por aprender de las generaciones anteriores.

Es por tanto evidente que estamos ante un gran vacío, integrantes de las listas del INEM con alguna discapacidad son sometidos a un continuo desagravio tanto de la administración pública como privada; un descarado e indecoroso aspecto de que las cosas no van tal y como disponen algunos medios de información influenciados por unas estadísticas falsas e irrazonables si se ven a pie de calle.

Por todo lo expuesto con anterioridad, reclamo como discapacitado, ciudadano de bien y comprometido con la ley que dice proteger y amparar mi oportunidad laboral tras diez años de desempleo (antigüedad 03/02/2009) y referida al Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión socio laboral. La Constitución que tanto defendemos es la principal opción para asirme con fuerza a la esperanza de que algún día, confío en que más pronto que tarde, los organismos, entes públicos o empresa privada asuman con la honestidad y honradez que se les presume, sus obligaciones para con el colectivo que represento.

Todo lo cual, como actor protagonista y escritor de esta verídica historia, ratifico y corroboro a los efectos de que sirva como generador de reflexiones.