Con rotundidad

Las recientes piruetas en torno al impuesto de los actos jurídicos documentados, nos han puesto de manifiesto cuán frágiles somos frente a esa pesada e inaccesible maquinaria de la Justicia. Esa, la que lleva mayúscula en la primera letra, que dicen nos conduce a la otra. De las relaciones entre miembros de la alta magistratura y otras actividades, en nada abundaré. Ya se ha hablado lo suficiente como para continuar insistiendo sobre el asunto; sobre todo porque poco, o nada, se podrá aportar para aclarar la situación. Solo cabe exigir, a quienes dedican su actividad profesional a impartir justicia (en minúsculas), que no se inmiscuyan en otras, remuneradas y procedentes del sector privado. Normalmente, cuando lo público y lo privado se entrecruzan, no suele acabar la cosa muy bien. Ya saben, por lo de las apariencias.

Del resultado, no se trata de una sentencia pues no estaba la situación en dicho momento, quedó patente la dirección adoptada en última instancia con el referido impuesto. Frente a dos sentencias contradictorias –como era de esperar por quien puso en marcha el proceso–, el pleno optó por dictaminar en favor de la Banca, que siempre gana o al menos así lo percibimos. En resumidas cuentas, que a partir de ahora –ya sucedía antes– será el prestatario quien abone dicho impuesto. Nada nuevo, ya lo venía haciendo hasta que un Ayuntamiento mandó a parar. Como resultado del pleito emprendido por el mismo, y por el aparente desacuerdo del Presidente de la Sala, se organizó lo ya sobradamente conocido.

Como suele suceder en tales circunstancias, con el río lo suficientemente revuelto, salieron los pescadores. En este caso, les correspondió dicho papel a los partidos políticos y a quienes ostentan su portavocía. Nada nuevo añado si insinúo la cercanía de los procesos electorales: autonómicas andaluzas, locales, algunas autonómicas y europeas, e incluso si se tercia, generales. No mencionaré las catalanas, que las carga el diablo. Con este panorama, salieron en tromba a defender a quienes solicitan los consabidos préstamos hipotecarios. Dicho y hecho. Con distinto grado de intervención, por aquello de distinguirse de la competencia, comenzaron las declaraciones, a cual menos creíble, o expresado de otro modo: más increíbles. Se trata de: solo se acuerdan de Santa Bárbara cuando truena. Porque ese impuesto, abonado por quienes solicitan la hipoteca, tiene una notoria longevidad. Lo suficiente, como para tildar de hipocresía la defensa de lo contrario. Sea cual sea el sentido de ello.

Entre las intervenciones, todas igual de insulsas, destaca la rotunda solemnidad o la solemne rotundidad, una u otra según se mire, de lo expresado por el señor Sánchez Castejón. Con la frase, más o menos así: a partir de ahora nunca más este impuesto será abonado por los ciudadanos, quizá nos quisiese recordar aquella escena de «Lo que el viento se llevó», en otras palabras, como si fuésemos idiotas. Eso sí, por si no quedase clara esta última condición, vuelven sobre lo andado. Ya no fue el presidente, sino la responsable de Hacienda, que sin mover el rictus ni hacer esfuerzo alguno para aguantar la risa, va y nos dice: que modificarán la norma reguladora del impuesto de sociedades para evitar que los bancos se desgraven lo abonado por los actos jurídicos documentados de las hipotecas. En resumidas cuentas, lo abonará indirectamente el prestatario, como hasta ahora y a pesar de la rotundidad mostrada por el presidente del Gobierno, o en palabras de la vicepresidenta, el señor Sánchez Castejón en calidad de tal.