Este jueves se celebró una rueda de prensa en la sede de CCOO en Las Palmas de Gran Canaria que ha contado con la presencia de Alberto Marín, Secretario de Universidad de la Federación de Enseñanza de CCOO-Canarias. Durante su comparecencia, Alberto Marín señaló que desde el sindicato habían realizado un estudio exhaustivo de la situación en las contrataciones de personal que ha realizado la Universidad durante el último año. Detectando un número elevado de contrataciones en fraude de ley que pueden derivar en sanciones, recargos y responsabilidad patrimonial.
Aunque los servicios jurídicos del sindicato continúan analizando todos los datos, han podido determinar dos situaciones diferentes. Por un lado contrataciones en fraude de ley para tareas administrativas y, por otra parte, también para impartir docencia en las titulaciones de Grado.
Estas últimas son las que revisten mayor gravedad, ya que los casos detectados consisten en la contratación irregular como “autónomos” o servicios externos de empresa para impartir la docencia cubriendo la falta de profesorado. En este caso se contratan verbalmente a personas ajenas a la universidad, que no se someten a ningún sistema selectivo, ni se les exige acreditación alguna, para pagarles como prestación de servicios por docencia por horas. Por lo que se les abona las horas de docencia facturando directamente a los presupuestos de gastos corrientes de los Departamentos universitarios. Algo totalmente ilegal, vulnerando la normativa laboral y los procedimientos de verificación de calidad establecidos por la Agencia Nacional de la Calidad ANECA para las titulaciones universitarias.
Por otra parte también se han detectado irregularidades en la contratación de trabajos administrativos, mediante autónomos y especialmente becarios de forma ilegal. Lo que implica un claro fraude a la Tesorería de la Seguridad Social además de la posible declaración de estas situaciones como contratos en fraude de ley y su transformación en contratos laborales. Tal como ha sucedido en la Universidad Autónoma de Madrid con más de doscientos becarios como consecuencia de una denuncia similar presentada por CCOO.
El sindicato ha iniciado el trámite de denuncia ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para que se depuren responsabilidades y frenar estas contrataciones irregulares, al mismo tiempo que se exigirá a la universidad que aplique lo previsto en la Disposición adicional trigésima cuarta de la Ley 3/2017, en la que se establece la exigencia de responsabilidades en las Administraciones Públicas y entidades dependientes de las mismas por la utilización de la contratación laboral.
La utilización de contrataciones en fraude de ley nunca están justificadas, pero algunas universidades han recurrido a este sistema para seguir cubriendo servicios durante situaciones de déficit presupuestario. Algo que no sucede en la ULPGC que acaba de aprobar su cuenta de liquidación del presupuesto de 2017 con un superávit de varios millones de euros.
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