El Defensor del Pueblo envió a las administraciones 2.175 resoluciones en 2017

 

Los asuntos más relevantes abordados a lo largo del año fueron:

Protección de los consumidores vulnerables en materia de energía eléctrica

 

El elevado precio de la electricidad en España preocupa especialmente al Defensor del Pueblo, que ha remarcado que la energía eléctrica es un bien esencial para la vida y condición indispensable para el disfrute de otros derechos fundamentales como la educación, la salud o una vivienda digna.

 

Por ello, mantiene abiertas varias actuaciones con las administraciones públicas y ha recomendado, entre otras propuestas, reducir la parte fija de la factura eléctrica de manera que se incentive el ahorro; proteger a los consumidores vulnerables frente a los cortes de suministro y, recientemente, que se aplique a la electricidad un IVA reducido.

 

La nueva regulación del bono social eléctrico aprobada este año por el Gobierno recoge varias de las recomendaciones formuladas por la Institución que, en el estudio Protección de los consumidores vulnerables en materia de energía eléctrica, abogó por proteger especialmente los hogares donde residan menores de edad, personas mayores y personas con discapacidad.

 

La normativa establece la renta como criterio para acceder al bono social e introduce medidas que protegen a los consumidores en el mercado libre, tal y como pidió el Defensor del Pueblo. También contempla que no se corte el suministro por impago sin antes verificar con los servicios sociales la posible situación de vulnerabilidad de los consumidores afectados. Otras recomendaciones que incorpora el nuevo bono social eléctrico son la modulación del umbral de renta para proteger a determinados colectivos (menores, mayores y personas con discapacidad).

 

 

En línea con su preocupación por proteger a los colectivos más vulnerables de la sociedad, el Defensor inició en 2017 una actuación de oficio con todas las Comunidades Autónomas y las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla para examinar las características y dotación de las residencias de mayores.

 

Al Defensor del Pueblo le inquieta especialmente la situación de estas personas y considera que la edad de la población y la aplicación de la Ley de Dependencia convierten a los servicios de atención residencial en un elemento fundamental en la atención a estas personas. Por este motivo, quiere detectar las dificultades existentes para que estos ciudadanos accedan a servicios adecuados a sus necesidades.

Copago sanitario

 

La Institución ha recomendado al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad que modifique la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos, conocida como Ley del Medicamento, para ampliar la protección de los colectivos vulnerables y garantizar que estas personas puedan acceder a los medicamentos que precisan.

 

Entre las medidas propuestas destacan la exención del copago, o la aplicación de un porcentaje mínimo, a los pacientes afectados por  enfermedades crónicas y graves (entre otras, enfermedades raras, degenerativas y oncológicas), especialmente cuando se trate de menores de edad. La Institución también considera necesario eximir del copago a las personas con discapacidad con grado reconocido y a las personas con ingresos económicos de cualquier naturaleza que no superen un umbral mínimo, a determinar en función de los indicadores de riesgo de pobreza.

 

Además, el Defensor cree insuficientes los actuales tramos de renta (de 0 a 18.000, de 18.001 a 100.000 y de más de 100.000 euros) y por ello pide que se fijen nuevos tramos y porcentajes de copago que se correspondan mejor con los principios constitucionales de progresividad y equidad.

 

 

El Defensor ha recomendado al Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente que evalúe de manera conjunta los impactos acumulativos de los cuatro proyectos que prevén la explotación y el almacenamiento de gas en el entorno de Doñana.

 

La Institución quiere que se valoren las distintas alternativas al almacenamiento de gas y que se garantice, con un grado de certeza acorde con su importante relevancia ecológica, que el espacio no se va a ver negativamente afectado por la inyección y almacenamiento de gas, así como que los riesgos sísmicos se reduzcan al mínimo posible.

 

En opinión del Defensor del Pueblo, el hecho de que no exista una correcta evaluación ambiental que ofrezca resultados concluyentes sobre la seguridad de los proyectos y las insuficiencias advertidas por el Instituto Geológico y Minero de España (IGME),  impiden asegurar razonablemente que no se producirán efectos derivados de los proyectos que afecten negativamente a este espacio.

 

 

La contaminación atmosférica es uno de los grandes problemas ambientales a nivel mundial, europeo y local. Varias localidades españolas superaron los niveles aconsejados de contaminación por partículas en suspensión, según las últimas estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre contaminación atmosférica urbana.

 

Por ello, el Defensor del Pueblo mantiene abierta una actuación de oficio ante 15 municipios españoles -A Coruña, Avilés, Barcelona, Bilbao, Ciudad Real, Gijón, Granada, León, Madrid, Murcia, Santander, Sevilla, Toledo, Valencia y Zaragoza- para conocer las medidas que contemplan para atajar la contaminación atmosférica urbana y la información proporcionada a la población.

 

 

La violencia machista preocupa especialmente al Defensor del Pueblo. La Institución considera que las distintas administraciones deben luchar contra esta lacra con dos enfoques: género e infancia.

 

En noviembre, el Defensor organizó la Jornada “Avanzando hacia la protección efectiva de los hijos de las mujeres víctimas de violencia de género” en la que reclamó mejoras en la protección de los hijos de las mujeres víctimas de violencia de género. En este encuentro, el Defensor del Pueblo (e.f.), Francisco Fernández Marugán, afirmó que “un maltratador no puede ser un buen padre” y abogó por otorgar protección rápida y eficaz a los hijos de las mujeres víctimas de violencia de género para evitar que se sigan produciendo asesinatos de menores a manos de sus padres maltratadores.

 

 

En materia de extranjería la Institución ha continuado con su labor en defensa de los derechos de las personas migrantes. Fernández Marugán ha reclamado mejoras en el sistema de primera acogida de inmigrantes y ha pedido infraestructuras adecuadas con personal y recursos para atender de manera eficaz las llegadas de personas en situación irregular.

 

También ha formulado recomendaciones para mejorar la asistencia social, jurídica y cultural que se presta en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE). La Institución inició una actuación de oficio que ha derivado en estas recomendaciones tras detectar numerosas carencias en las visitas realizadas a estos centros. El Reglamento de los CIE apuntaba la necesidad de una profunda reforma en estos centros que el Defensor no aprecia que se haya producido en la asistencia social, cultural y jurídica.

 

Además, mantiene un seguimiento de la situación en la que se encuentran las personas internadas en el Centro Penitenciario Málaga II(Archidona) en funciones de CIE de carácter temporal. Tras una primera visita a estas instalaciones el Defensor formuló diez sugerencias y un recordatorio de deberes legales a la Dirección General de la Policía para que las personas allí internadas gocen de los mismos derechos y garantías que en un CIE. Técnicos de la Institución, en su doble condición de Alto Comisionado de las Cortes Generales y Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, han visitado las instalaciones y han supervisado la expulsión de algunos de los internos a Orán (Argelia).

 

 

La Institución siguió trabajando en 2017 para defender los derechos de los alumnos con discapacidad. Ejemplo de ello es la recomendación dirigida al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para que los alumnos con problemas de aprendizaje y TDAH puedan beneficiarse de las ayudas dirigidas al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.

 

Otra actuación destacada del Defensor del Pueblo en esta materia es la recomendación a la secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades para que se establezca la obligación de reservar un porcentaje mínimo de plazas de máster y doctorado para los estudiantes con discapacidad. La Institución también inició una actuación de oficio ante las universidades públicas españolas para conocer si sus procedimientos de admisión para este tipo de estudios prevén reservar un porcentaje de plazas a estudiantes con discapacidad.

 

 

El Defensor del Pueblo ha propuesto que se apruebe una normativa fiscal que defina claramente los requisitos de alquiler para uso turísticocuando se realiza por particulares que no ejercen una actividad empresarial o profesional. Dicha recomendación, enviada a Secretaría de Estado de Hacienda, persigue que se dicten directrices claras que eviten la inseguridad jurídica actual y ayuden a la tributación por los rendimientos realmente percibidos.

 

 

En septiembre, técnicos del Defensor supervisaron un vuelo FRONTEX que partió de Barajas con destino final Lima y escala en Bogotá para expulsar a más de 50 personas extranjeras en situación irregular. El vuelo de vuelta se empleó para traer a España a 67 españoles, de los cuáles 32 eran presos que cumplirán el resto de su condena en España y otras 35 personas que fueron repatriadas por motivos humanitarios.

 

La Institución recomendó al Ministerio del Interior que utilice los vuelos de repatriación de FRONTEX que se realizan desde España para traer de vuelta presos españoles. Así, celebra la aceptación de esta recomendación que se ha materializado en este vuelo y en uno anteriorque también supervisaron técnicos del Defensor.

 

 

El Defensor del Pueblo recibió con satisfacción la decisión de los examinadores de tráfico de desconvocar la huelga tras cinco meses de paros. El pasado mes de junio, tras recibir más de 1.700 quejas ciudadanas, se iniciaron actuaciones y se pidió información a la Dirección General de Tráfico (DGT)  sobre los avances en la negociación con los convocantes de la huelga. La Institución reclamó a la DGT medidas urgentes, se interesó por el posible déficit estructural  que soporta la plantilla de examinadores de tráfico y se reunió con representantes de la Asociación de Examinadores de Tráfico (Asextra).

 

 

La Institución abrió una investigación de oficio tras conocer las detenciones de los periodistas turcos Hamza Yalçin y de Dogan Akhanli, ambos sujetos a un proceso de extradición pasiva a solicitud de Turquía. El Defensor del Pueblo reclamó que se tuviese en cuenta la situación actual de los Derechos Humanos en Turquía a la hora de establecer las fases del procedimiento de extradición de los dos periodistas. Finalmente, el Gobierno rechazó la extradición de ambos ciudadanos.

 

Además, mantiene abierta una actuación ante la Dirección General de la Policía sobre el funcionamiento de las denominadas “alertas rojas” de Interpol que permiten a la policía de un país detener a una persona buscada en otro.

Actividad del Mecanismo Nacional de Prevención de la tortura (MNP)

 

En 2017 el MNP realizó más de 100 visitas a centros de privación de libertad y formuló 64 recomendaciones, 518 sugerencias y 4 recordatorios de deberes legales. También inició 156 expedientes de oficio.