Indicios

Porque andamos en lo que andamos, quizá no alcance el tiempo para detenerse en cuestiones baladís (aunque sea en la acepción desusada del término). Me refiero, está claro, a ese afán desmedido por dedicarnos a hablar del desafío catalán. Ya saben, evitar que España se fracture como una arcilla de mala calidad. Por eso, cuando el otro día en el Congreso de los diputados intervino el inspector jefe de la UDEF, no fue motivo de asombro. Acaso porque ya lo esperásemos y lo tengamos asumido como parte de la normalidad, apellidada democrática. Ni siquiera supuso un asunto de portada, ocupando todas las columnas habidas y por haber de la misma, capaz de desorientar a quienes encontrasen un hecho sorprendente en aquella.

Que la ley está para su cumplimiento, es una cuestión inherente al propio concepto de esta. Que su cumplimiento ha de afectar a todas y cada una de las personas por igual, tampoco es una novedad. De ahí, que los requerimientos judiciales consecuencia del cumplimiento y aplicación de los preceptos legales, afecten por igual al común de los mortales. Cuestión esta que nos haría normalizar la actuación de la maquinaria judicial, sin que ello suponga motivo de controversia ni novedad. Los pronunciamientos de los órganos judiciales, con su correspondiente proceso de revisión por el organigrama procedimental, tendrían que ser hechos sin mayor relevancia. No obstante, aún nos siguen sorprendiendo determinadas actuaciones. Quizá sea por desconocimiento o, en el peor de los casos, porque hay cuestiones que no acaban de encajar en los límites de la lógica. Todo podría suceder.

El entretenimiento permanente, acaso urdido por ambas partes, a que nos tiene sometido el asunto catalán, conduce a un cierto despiste. Despiste de la realidad que acontece en lo cotidiano, venga de donde proceda. Es conocido, al menos así aparenta, la actividad del Congreso en lo que se refiere a las comisiones. En una de ellas, por el asunto a tratar, intervino como compareciente el inspector jefe de la UDEF. Tras una larga intervención, a requerimiento de la representante de Podemos en dicho órgano, se fueron desgranando los indicios relacionados a la presunta participación fraudulenta del PP en lo que a su financiación afecta. A preguntas de aquella, donde se reflejaban con nombres y apellidos (o lo que en los papeles de Bárcenas figurase) notables representantes de dicho partido político, se refiere a la Gürtel como "corrupción en estado puro". Si no en su totalidad, sí en una parte importante, a quienes benefició dicha trama calificada de ese modo, es al partido de quienes actualmente ostentan el poder.

Es cierto que, si nos atenemos al ordenamiento jurídico del Estado, las cuestiones se deben dilucidar en el ámbito judicial. A quienes han venido poniendo palos en las ruedas, si nos atenemos a las reiteradas querellas sufridas por quienes investigaban la trama de "corrupción en estado puro", les interesa que tal logro no se alcance o, de hacerlo, sea cuanto más tarde mejor. Eso sí, de cara a la galería, son quienes más enfatizan en el cumplimiento de la ley. Indicios de hipocresía quizá.