El PP denuncia que siguen sin aprobarse las ayudas prometidas a los vecinos de La Aldea siete meses después del cierre de la GC-200

El  PP denuncia que el grupo de gobierno en el Cabildo de Gran Canaria (NC, PSOE y dos tránsfugas) ha reconocido en la Comisión de Pleno de Economía, Energía, Cooperación Institucional y Obras Públicas que, siete meses después de decretar el cierre definitivo de la GC-200 entre La Aldea y El Risco, sigue sin conceder las ayudas prometidas a los vecinos afectados por un importe global de 250.000 euros.

En una comparecencia solicitada por el Grupo Popular, el consejero socialista de Obras Públicas, Ángel Víctor Torres, ha explicado que, pese al largo tiempo transcurrido desde que el presidente Antonio Morales anunciara su compromiso de compensar a los vecinos por las pérdidas económicas derivadas del cierre de la vía, el Cabildo ni siquiera tiene claro a través de qué fórmula jurídico-administrativa se deben conceder estas ayudas.

Ante la inacción del gobierno insular, el Grupo Popular recalca que “una vez más se constata que el presidente del Cabildo de Gran Canaria es un experto vendiendo humo con tal de quedar bien ante los vecinos afectados, a los que prometió una ayuda que muchos meses después ni siquiera se ha comenzado a tramitar”.

Tanto es así que el propio vicepresidente Ángel Víctor Torres, como el consejero de Cooperación Institucional, Carmelo Ramírez (NC), admitieron abiertamente que aún no se han redactado las bases que deben regular la convocatoria pública a la que se deben acoger los vecinos para reclamar las ayudas. “Es un tema complicado y en ello estamos”, fue la respuesta de ambos a preguntas del PP.

Lo que sí dejó claro Ángel Víctor Torres es que la Consejería de Obras Públicas e Infraestructuras “no es el área competente para compensar a los afectados por cierre o restricciones de tráfico de las carreteras insulares, pues así lo señalan todos los informes técnico-jurídicos”, y que el Cabildo sólo podría comprometer el 75% del importe total de la subvención.

Por su parte, Carmelo Ramírez informó que, dentro del propio grupo de gobierno, se ha constituido una comisión de trabajo compuesta por él mismo, Ángel Víctor Torres y el consejero tránsfuga Miguel Ángel Rodríguez, aunque fue incapaz de detallar el trabajo realizado hasta ahora en el seno de dicha comisión.

“El Cabildo está obligado a indemnizar a los vecinos  de La Aldea por los perjuicios ocasionados con el cierre de la vieja carretera, y es una vergüenza que después de tantos meses el gobierno de Antonio Morales no haya dado todavía una respuesta a todos los particulares, empresas y colectivos que se han visto afectados”, subraya el portavoz popular, Felipe Afonso El Jaber.