Comunicado de Iniciativa Ciudadana de Firgas sobre la problemática de la policía local

Es conocido por todos, o casi todos, que este colectivo profesional viene sufriendo mermas importantes de su salario y otras condiciones de trabajo desde hace unos cinco años, que según las partes (partidos gobernantes y trabajadores) parecen haberse querido arreglar sin haber podido llegar a un acuerdo hasta la fecha.

Estas circunstancias, así como la reducida plantilla que dispone nuestro municipio según las ratios establecidas, se han debatido en varios plenos municipales desde el inicio casi de la legislatura, llegándose a plantear un trabajo conjunto de toda la corporación en la búsqueda de alternativas, existiendo una propuesta formal por parte del entonces concejal de AVF, en el pleno del 4 de enero de 2016, que desde ICFIR secundamos.

Posteriormente, se han realizado distintas preguntas relacionadas con esta problemática, y por los procesos legales llevados a cabo para conseguir una negociación aceptable para las partes.

En estos casi dos años de legislatura hemos venido escuchando, tanto las gestiones realizadas, como el desaliento de estos profesionales, que no parecen tener expectativas de resolución de su malestar.

Estos antecedentes se describen para intentar hacer un ejercicio de empatía, donde nos colocamos en el papel de los gobernantes que han de asegurar unos servicios básicos de seguridad ciudadana a nuestros vecinos y vecinas, pero también de responsabilidad de búsqueda de vías de encauzar la manifiesta injusta situación de estos trabajadores, durante años.

Siguiendo con el ejercicio de empatía, nos intentamos (no es posible, lo sabemos) poner en la piel de estos agentes, donde además de sufrir una importante merma de sus ingresos, reducirse la plantilla, estar negociando con la empresa sin resultados satisfactorios, amén de sus propias condiciones de trabajo, han de seguir cubriendo los servicios rutinarios más todos los extras, a lo largo del año. Es evidente, que muy bien no deben de sentirse. No vamos a entrar más en ello, pues basta con leer cualquier estudio respecto a este tipo de trabajo y podrán observar cómo afectan las condiciones y clima de trabajo en su actividad.

Es a raíz del 9 de marzo, que se dan una serie de circunstancias, relacionadas con la cobertura en seguridad de actos festivos (carnavales y fiesta de la papa), que provocan que por el concejal delegado de seguridad y policía, se eleve informe a la Alcaldía con propuesta de apertura de expediente disciplinario a miembros de este cuerpo, indicando medidas cautelares a tomar, de suspensión de empleo y sueldo.

El desarrollo de este servicio con normalidad, nos preocupa a todos, por eso agradecemos a D. Iván Torres, concejal de Seguridad Ciudadana, su invitación a reuniones para exponer la situación, como el grupo de gobierno la ve, y a la establecida a petición de representantes sindicales, en relación a la apertura de expedientes disciplinarios, con toma de medidas cautelares. ICFIR ha querido ser prudente en su pronunciamiento público y aportar, en la medida de nuestras posibilidades a la búsqueda de soluciones, por lo que hemos estado en un cierto compás de espera.

Sin embargo, visto que ya se han hecho efectivas algunas de las medidas establecidas propuestas por este concejal, a pesar de lo recogido en el acta de reunión con representantes de estos trabajadores, no nos queda otra que emitir nuestra disconformidad con las formas de proceder del actual grupo de gobierno (pues según palabras del propio concejal “están todos a una”), donde, con condiciones, se estaba dispuesto a retirar los expedientes, excepto uno, que finalmente, parecía quedar a criterio del instructor, la aplicación de medidas cautelares. Éstas han sido calificadas por la parte de los trabajadores como “las mismas pretenden buscar la humillación del trabajador”, afirmación, que ciertamente, compartimos.

Entendemos que las medidas cautelares, (suspensión de empleo y sueldo temporal) tendrían que ir encaminadas a eliminar un peligro, evitar riesgos, etc... y deben ponderarse en el interés de la consecución de la justicia y el orden público en juego. La doctrina jurídica estima que la suspensión debe ser excepcional. Con estas medidas, no parece contemplarse la presunción de inocencia de cualquier persona, más bien todo lo contrario, si resultase que el expediente se resuelve a favor del/los trabajadores, el daño (laboral, económico, social, personal y moral) ya está ejecutado.

Por último, apelamos a que los responsables políticos en el gobierno de Firgas, revisen las actuaciones referidas, dejen de lado sus egos personales, y reconduzcan la situación laboral de estos profesionales, de forma que entre todos logremos el clima laboral más adecuado para la consecución de la solución definitiva de este conflicto.