Representantes de los bomberos grancanarios fueron expulsados este martes del pleno de la Junta General del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria por su presidente, José Manuel Brito, al entender éste que los trabajadores no pueden estar presentes en las decisiones que toma el órgano de gestión. Los bomberos denuncian que estas juntas son públicas en Tenerife y Lanzarote, así como muchas otras provincias como Cádiz, Córdoba o Murcia y se preguntan qué tiene que esconder el Consorcio para que sus decisiones queden al margen del escrutinio público.
Durante la junta de este martes se vivieron momentos de tensión cuando representantes de los trabajadores se personaron en el acto tras haber pedido insistentemente permiso para hacerlo sin recibir respuesta alguna. Los trabajadores querían estar en dicho pleno debido a que es el lugar en el se toman las decisiones que luego repercuten en el servicio que se presta a los ciudadanos de Gran Canaria en materia de bomberos y además decide sobre las condiciones laborales de los agentes.
José María Monzón, presidente de la junta de personal de Bomberos, afirmó que acudieron a la reunión “con absoluta cordialidad y con la intención de establecer líneas de interlocución y diálogo con los alcaldes y representantes políticos”. Incluso antes de la sesión mantuvieron conversaciones con muchos de ellos de forma distendida. Así, con absoluta normatidad transcurrió todo hasta entraron conjuntamente en la sala el presidente del Consorcio y consejero de medio ambiente Juan Manuel Brito, alcalde de Agüimes de Nueva Canarias, Óscar Hernández. el gerente y el secretario del Cabildo, Antonio Muñecas, momento en el que el propio Brito se dirigió a los tres representantes de los bomberos y les exigió abandonar el acto, medida que fue apoyada por el secretario del Cabildo, Antonio Muñecas. Durante el intercambio de pareceres, que se inició sobre la legalidad de la medida, se vivieron momentos de nerviosismo, llegando Brito a amenazar con llamar a los cuerpos de seguridad para el desalojo tras haberselo indicado el secretario, dado que es el máximo responsable. La calma momentánea llegó cuando los bomberos, ante esa tesitura, indican a Brito que si se llama la polícia, se procedería a llamar a los medios de comunicación, para que fueran testigos de la “sinceridad de sus promesas de transparencia y diálogo, puesto que era evidente que ni lo uno, ni lo otro”. En ese momento, Brito buscó el apoyo de Óscar Hernández y fue este quien indicó a los alcaldes que abandonaran la sala, procediendo todos al desalojo.
Para los bomberos, no es casual que Brito atienda las “órdenes o apoyos” de Óscar Hernández, pues desde hace ya tiempo vienen sospechando que Brito actúa como un representante de Nueva Canarias ante la extrema debilidad de su posición en Podemos. Asimismo, recuerdan que el alcalde de Agüimes y mano derecha de Antonio Morales es un firme defensor de la privatización del servicio de bomberos “y de ahí, tal vez, la conveniencia de que las reuniones de la Junta queden al margen del conocimiento ciudadano”.
Monzón denuncia el “oscurantismo y opacidad” de este órgano de gestión de carácter público “donde alcaldes, representantes del Cabildo y del Gobierno de Canarias siguen tomando decisiones amparados en unos estatutos caducados y no adaptados a las nuevas leyes, de espalda a los representantes de los trabajadores que son quienes conocen las necesidades del servicio y sin que se les haga entrega de las actas de estas reuniones, aun siendo solicitadas desde hace mucho tiempo”.
Por otro lado, desde el Cabildo se indica que ante los hechos acontecidos este martes durante la celebración de la Junta General del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, en la que el nuevo presidente de la Junta de Personal, José María Monzón, junto con otros dos delegados sindicales, exigió asistir y permanecer en ella, siéndole negado por motivos legales y ante la reacción inapropiada de esta persona, motivo por el cual los legítimos miembros de la Junta se vieron obligados a abandonar la sala, la Junta General del Consorcio de Emergencias expone que:
1) El marco legal vigente que regula el funcionamiento de los órganos administrativos establece que la participación en la Junta General del Consorcio es exclusiva de quienes son sus miembros y no de terceros. Esta cuestión es fundamental para que el debate, las deliberaciones y las votaciones que en ella se producen tengan lugar con la libertad necesaria para la toma de decisiones; es decir, sin que puedan estar condicionadas por terceros directa o indirectamente afectados.
2) En este caso no sería de aplicación el régimen de publicidad de las sesiones de plenos de instituciones como ayuntamientos o Cabildo, que sí está expresamente prevista en el marco legal de régimen local, pero que en todo caso no resulta aplicable a los consorcios, ya que esta entidad está compuesta por Cabildo, ayuntamientos y Gobierno de Canarias.
3) La Junta General del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria informa que en ningún caso y bajo ningún concepto permitirá acciones como las sucedidas en la jornada de este martes, que además de atentar contra la integridad de esta Junta podrían ser constitutivas de delito.
El Presidente de la Junta considera que este tipo de acciones dificultan seriamente el normal desarrollo de las negociaciones destinadas a lograr un nuevo acuerdo de condiciones laborales crucial tanto para el personal del Consorcio como para el futuro de la entidad.
Por todo ello, el Presidente de la Junta hace un llamamiento al entendimiento y al diálogo como único modo de resolver los conflictos, no dando por válida ninguna otra manera de resolver las cuestiones que afectan al Consorcio de Emergencias de Gran Canaria que no se contemple en el marco de la legalidad vigente.



























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