Bomberos de Gran Canaria denuncian la invalidez de los acuerdos del Consorcio de Emergencias

Bomberos de Gran Canaria, representados por la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras Canarias, denunciaron este martes la invalidez de los acuerdos que toma la Junta General del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria (compuesto por ayuntamientos, Cabildo y Gobierno de Canarias) ya que estos no se ajustan a la legalidad vigente. Precisamente este miércoles 8 de junio volverá a reunirse la Junta General para adoptar decisiones que, con toda probabilidad, serán anuladas por los tribunales, con el consiguiente gasto para el contribuyente.

Según los trabajadores, el Consorcio está obligado por ley a revisar los porcentajes de participación y voto en la Junta para reflejar el peso de cada institución en el órgano. Sin embargo, esto no se ha hecho y se permite que se mantengan niveles de participación que no se corresponden con lo que aporta cada institución. Se da la circunstancia agravante de que los consorcios de Bomberos de Tenerife y Lanzarote sí han realizado esta adaptación, permitiendo que estos importantes servicios públicos se orienten a mejorar la gestión del servicio.

Los trabajadores recuerdan que los estatutos del Consorcio de Emergencias fueron revisados por última vez en el año 2008, regulando los porcentajes de participación económica y de votos. Dichos estatus recogen que dichos porcentajes deben ser revisados cada cinco años, adaptándolo a la realidad del momento, pero desde el año 2008 no se ha actualizado ni una sola vez.

A esta irregularidad se suma que, tras la crisis, se han aprobado leyes estatales con el fin de preservar el uso responsable del dinero público y la gestión de las administraciones que obligan al Consorcio a adaptar sus estatutos. Concretamente se trata de la ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la administración local y de la ley 15/2.014, de 16 de septiembre de racionalización del sector público. A pesar de que la FSC-CCOO ha informado al actual presidente del Consorcio, el consejero de Medio Ambiente, Juan Manuel Brito, de dicha eventualidad, éste ha hecho caso omiso y ha permitido que los entes consorciados se reúnan y apruebe medidas que podrían ser declaradas nulas.

Otra circunstancia que concurre es que hay entes consorciados que no están al día en sus aportaciones, como es el caso del Gobierno de Canarias que, según los estatutos del Consorcio debe abonar el 20% del presupuesto, pero desde el año 2012 solo aporta el 8%. Sin embargo, el Gobierno canario sigue disponiendo de los votos que corresponden a una aportación del 20%, lo que vicia por completo el resultado de los acuerdos.

La importancia de los porcentajes

Según el portavoz de la FSC-CCOO en el Consorcio, José María Monzón, si se actualizara los estatutos del Consorcio tal y como manda la ley, el peso de las votaciones cambiaría radicalmente, ya que en estos momentos según los estatutos, el Cabildo asume un 40%, los ayuntamientos otro 40% y el Gobierno de Canarias un 20%, pero con la adaptación que se debe hacer, más la realidad de ingresos de los entes consorciados, el Cabildo dispondría de un mínimo del 52% de participación y de voto en el Consorcio, frente a un 8% al Gobierno de Canarias y el 40% restante a repartir entre los ayuntamientos consorciados. De esta forma se evitaría la actual politización partidista de la Junta General del Consorcio, que ha sido la principal característica de este órgano y se sustituiría por una gestión basada en las necesidades de organización del servicio, que es el primer paso para resolver los problemas endémicos que arrastra el Consorcio.

Toda esta información la conocen en profundidad Juan Manuel Brito, pero a pesar de ello se siguen generando reuniones de la Junta General y Comité Ejecutivo, donde se adoptan y aprueban medidas que afectan al servicio de Bomberos Insular con este panorama irregular. Por lo que desde CCOO solicitamos nuevamente que antes de adoptar y aprobar medidas que pueden significar actos inválidos, se cumpla con la ley y se haga una adaptación y aprobación de los estatutos del Consorcio.