El Grupo Municipal Popular informa que ha presentado 3 escritos de entrada (números 5400-6344 y 7077) solicitando al Alcalde que ponga a disposición de los ediles del PP los expedientes de los contratos de personal laboral, bien de nueva contratación o bien que se hayan renovado, entre el 11 de Septiembre y el 5 de Abril de 2016.
Según el PP, todos los escritos de salida (1696-2081 y 2427) han sido emitidos por resolución de Alcaldía denegando la entrega de los expedientes solicitados al Grupo Municipal Popular, alegando el Alcalde que la contratación de personal laboral está siendo objeto de unas diligencias previas en el Juzgado de Instrucción número 2 de Santa María de Guía.
Los ediles del PP, también han solicitado por escrito al Alcalde, que pida a la Secretaria Municipal que emita un informe Jurídico concluyendo si procede o no la puesta a disposición de la documentación requerida sobre los expedientes de contratación a lo que se ha negado el propio Alcalde por considerar que la Secretaria no se encuentra dentro de los supuestos previstos en el artículo 3 del RD 1174/1987, de 18 de Abril, por el que se aprobó el Régimen Jurídico de los Funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter Nacional.
Para el PP, la actitud del Alcalde de Gáldar va en la dirección contraria a lo que indica el artículo 77 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, el artículo 14 de del Real Decreto 2568/1986, de 28 de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales e incluso la propia Constitución, sobre el derecho a la información, vulnerando los derechos fundamentales que asisten las leyes a los Concejales.
Según el PP, esta forma de actuar por parte de Teodoro Sosa, no le legitima ni un minuto más para seguir al frente del Ayuntamiento de Gáldar, ya que, lo que están exigiendo los vecinos y vecinas de Gáldar es que sus políticos se comporten con absoluta transparencia y asimismo dejen trabajar con absoluta libertad a los funcionarios a la hora de emitir sus informes.
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