El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Teror ha calificado de "sorprendentes y desafortunadas" las recientes manifestaciones de la alcaldesa del municipio, Isabel Guerra, en referencia al cierre de la Oficina Antidesahucios, tras conocerse el informe jurídico emitido por la Secretaría General.

El concejal responsable del área de Vivienda, el popular Juan Gregorio Trujillo, califica de "carentes de toda objetividad" las declaraciones de Isabel Guerra asegurando que la clausura de la Oficina obedece a un "golpe bajo y rastrero" y que tuvo conocimiento del cierre de la misma por terceros, "al no existir comunicación con sus socios de gobierno".

Trujillo afirma que la alcaldesa conocía perfectamente las conclusiones del informe jurídico emitido por la Secretaría General del Ayuntamiento de Teror, el pasado 23 de abril.

El informe determina las competencias municipales en materia de vivienda, sobre el servicio para el asesoramiento e intermediación hipotecaria del Consorcio de Viviendas de Gran Canaria, así como la viabilidad jurídica del servicio municipal para el asesoramiento e intermediación hipotecaria.

Según se desprende del documento, el Ayuntamiento de Teror únicamente ostenta como competencias propias en materia de vivienda las señaladas en el artículo 6 de la Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Canarias; entre las cuales no se halla la prestación de servicio para el asesoramiento e intermediación hipotecaria.

Por otra parte, el informe hace constar que el Consorcio de Viviendas de Gran Canaria, al cual se halla adherido el Ayuntamiento de Teror, aprobó la suscripción de un convenio de colaboración entre el Consorcio de Viviendas de Gran Canaria y el Colegio de Abogados de Las Palmas para la prestación de servicio de asesoramiento e intermediación hipotecaria, por un plazo de dos años, renovables.

Dicho acuerdo es de obligado cumplimiento para el Ayuntamiento, en su calidad de miembro consorciado y en el supuesto de que tuviera intención de crear un servicio propio para el asesoramiento e intermediación hipotecaria, y mientras se halle vigente el Convenio con el Colegio de Abogados, debería acordarse la separación del Consorcio, con preaviso de un año, tal y como recogen los Estatutos.

Por tanto – concluye el informe- al tratarse además de una competencia impropia, las entidades locales solo podrán ejercer competencias distintas de las propias y de las atribuidas por delegación cuando no se ponga en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda municipal, de acuerdo con los requerimientos de la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y no se incurra en un supuesto de ejecución simultánea del mismo servicio público con otra administración pública.

Juan Gregorio Trujillo señala que el cierre de la Oficina Municipal Antidesahucios no obedece a una decisión arbitraria o caprichosa. Responde a la obligación que tenemos los representantes públicos en cualquier administración de respetar la legislación y velar por el correcto funcionamiento de las instituciones para las que trabajamos, con el único objetivo realizar acciones en beneficio de la ciudadanía".

Por otra parte, Trujillo recuerda que el coste del servicio ascendía a 18.000 euros, cantidad destinada única y exclusivamente a abonar los salarios de las dos personas que prestaban su asistencia en la Oficina Municipal Antidesahucios; un abogado y un "negociador bancario", ambos elegidos personalmente por la propia alcaldesa.

No es cierto – indica el concejal popular- que tras la desaparición de esta oficina, existan 44 expedientes sin tramitar. Hay que establecer claras diferencias entre quienes verdaderamente han acudido a la misma con el objetivo de obtener soluciones a sus graves problemas y entre los ciudadanos que se han acercado para aclarar pequeñas dudas. Por tanto, "afirmar que se tramitaban 44 expedientes es faltar a la verdad".

Además, los habitantes de Teror podrán seguir contanto desde el área de Servicios Sociales con todos los medios y recursos que aborden de una forma global e integradora desde las competencias municipales la problemática de vivienda, apostilló Trujillo.

Por su parte, el Grupo Municipal Popular solicita a Isabel Guerra que manifieste claramente cuáles son sus intenciones, qué objetivo persigue con respecto al actual pacto de gobierno en Teror, y a qué fin obedecen sus manifestaciones "un día si y otro también".

No es la primera vez que los concejales del PP en el Ayuntamiento de Teror instamos a la alcaldesa "responsabilidad y lealtad" en este pacto que hemos suscrito para trabajar por el desarrollo del municipio y por el bien de sus habitantes.

Una vez más, aseguramos que la intención del Partido Popular es seguir actuando con fidelidad absoluta hacia nuestros socios de gobierno y es por ello que no entendemos ciertas actitudes y, mucho menos, determinadas manifestaciones de Isabel Guerra, quien cada día nos sorprende al utilizar los medios de comunicación para lanzar mensajes que relatan situaciones que bien podrían tratarse a través de los cauces establecidos para ello.

Desde el Grupo Municipal Popular trasladamos a la alcaldesa que el PP de Teror sigue creyendo en este Pacto de gobierno y solicitamos, al mismo tiempo, que reconsidere su posicionamiento incomprensible o que aclare a sus socios y al resto de la ciudadanía cuáles son sus verdaderas intenciones.