Morales suspende en transparencia

En la pasada Legislatura, el Parlamento español, a iniciativa del Gobierno del Partido Popular, aprobó la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, el primer texto normativo sobre esta materia que sale adelante en casi cuatro décadas de Democracia en nuestro país.

La entrada en vigor de esta Ley, con la que se dio respuesta a una clamorosa demanda de la ciudadanía, supuso un importante paso para el fortalecimiento de las instituciones que conforman de nuestro sistema político democrático, situando estos tres ejes fundamentales en el centro de la acción política de todos los responsables públicos.

Además de propiciar un mayor control y fiscalización de la actividad pública por parte de la sociedad civil, esta ley –como se recoge en su Preámbulo- contribuye también a una necesaria regeneración democrática, incrementa la eficiencia y eficacia de las administraciones públicas y, no menos importante, favorece el crecimiento económico.

Al mismo tiempo, el pasado mes de octubre entró en vigor la Sección 4ª del Capítulo II, Título III, de la nueva Ley de Cabildos Insulares aprobada por el Parlamento de Canarias, que fija una serie de obligaciones ineludibles en cuanto a "facilitar la información cuya divulgación resulte de mayor relevancia para garantizar la transparencia de su actividad relacionada con el funcionamiento y control de la actuación pública", entre ellas, la publicación de las declaraciones de bienes y actividades del presidente y el resto de miembros de la Corporación.

Teniendo en cuenta este amplio marco normativo, sorprende que el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, convocara esta misma semana una rueda de prensa que fue recogida por los principales medios de comunicación de la isla con titulares como 'Transparencia del Cabildo excluye del portal el patrimonio de cargos públicos' o 'El Cabildo baraja hacer público el patrimonio de los consejeros'.

Es decir, pese a existir un claro mandato de ley, Antonio Morales soslaya su responsabilidad y se empecina en mantener la opacidad negándose a facilitar una información de especial interés para los ciudadanos, al tiempo que pretende pasar por adalid de la transparencia por el mero hecho de limitarse a cumplir –aunque, según dijo, ¡todavía habrá que esperar a final de año!- sus obligaciones legales como presidente del Cabildo de Gran Canaria.

Por mucho que le incomode al señor Morales, la transparencia debe ser un fin en sí mismo y un elemento imprescindible para poder articular una sociedad cada vez más abierta y plural. Un compromiso que parece no querer cumplir el presidente del Cabildo de Gran Canaria cuando medio año después de haber entrado en vigor las exigencias legales en materia de transparencia afirma, sin ruborizarse siquiera y con total ligereza, que está sopesando (¡seis meses después!) si dar a conocer o no su patrimonio personal y el de los demás consejeros que conforman la Corporación insular.

Le incomode o no al señor Morales la publicación de su declaración de bienes, los políticos, al igual que el resto de los ciudadanos, debemos ajustarnos escrupulosamente a la legalidad en cualquiera de nuestras actuaciones como responsables públicos.

Esta poca predisposición a cumplir las normas en materia de transparencia, acceso a la información pública y el buen gobierno por parte de Antonio Morales y el Tripartito (Podemos-PSOE-NC) que encabeza se vio reflejada también en el Pleno del pasado mes de enero, cuando el grupo de gobierno rechazó una moción del Grupo Popular en la que solicitábamos la implantación, con la máxima celeridad posible, de las exigencias contempladas en la Ley de Cabildos Insulares.

Una manera de gobernar que también se refleja en la actividad diaria del Cabildo Insular de Gran Canaria, con constantes intentos de amordazar a los grupos de oposición recortando de forma arbitraria los plazos legalmente establecidos para la presentación de enmiendas o alegaciones; la práctica cada vez más habitual de tramitar los asuntos por la vía de urgencia sin motivación alguna; el retraso injustificable a la hora responder a las preguntas planteadas por la oposición; y por ahí podríamos seguir.

Debe ser, como venimos denunciando desde hace ya bastante tiempo, que Antonio Morales está acostumbrado, después de casi tres décadas de mayorías absolutas como alcalde del municipio de Agüimes, al ordeno y mando. Una actitud que pone de manifiesto lo poco que parece gustarle la pluralidad al presidente del Cabildo de Gran Canaria y su poco respeto a quien, haciendo uso de sus derechos, defiende ideas diferentes a las suyas. O estás conmigo o contra mí. Eso tiene un nombre: sectarismo. Y esa senda es muy peligrosa.

Afortunadamente, Gran Canaria ha sido, es y será siempre mucho más que su presidente.

Felipe Afonso El Jaber es portavoz del Grupo Popular en el Cabildo de Gran Canaria